Las dotaciones al fondo de reserva de las pensiones públicas establecidas por el Gobierno el viernes pasado han coincidido con el anuncio previo, en Barcelona, del secretario de Estado de la Seguridad Social, Gerardo Camps, de la ampliación del periodo de cotización para calcular el monto de la pensión. No hay que ser muy diestro para suponer que cuanto más se alargue el periodo mínimo de cotización y más se amplíe el de cálculo, más difícil va a ser jubilarse con una paga casi similar al último sueldo. Ese modelo se pactó en el 2001 entre el Gobierno, la CEOE y CCOO, y la UGT se excluyó por razones de estrategia sindical.
En mayo del 2001 se pactó la llamada jubilación a la carta, el derecho tanto a jubilarse como a renunciar a hacerlo --con ventaja para el trabajador y su empresa--, con la referencia de los 65 años. También se admitió la progresividad en la relación entre lo cotizado a lo largo de la vida laboral y la cuantía de la pensión. Lo razonable es que tanto los firmantes de aquel pacto, como UGT, lo adapten a las necesidades del sistema público para garantizar que la cobertura que ahora presta se mantenga en el futuro. Y que se haga sin saltos en el vacío que lo pongan en peligro.
