La mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se impuso ayer, por un voto de diferencia, para emitir un informe negativo sobre el anteproyecto de ley contra la violencia de la que son víctimas las mujeres. Algunas de las objeciones, compartidas por vocales del sector progresista, deberán ser atendidas en la tramitación parlamentaria de la ley: difícilmente se puede considerar constitucional que una misma acción, cometida en las mismas circunstancias, tenga distinto castigo en función de si el autor es hombre o mujer.
Pero el CGPJ no se ha limitado a hacer una aportación de técnica jurídica. Ha tenido un papel abiertamente político al descalificar la oportunidad y la eficacia de que, a instancias del Gobierno, el poder legislativo aborde un problema, la violencia sexista, que afecta de forma específica y dramática a las mujeres.
La mayoría que dejó el Partido Popular en este órgano, encabezada por el ponente del informe sobre esta ley, José Luis Requejo, parece haber optado por convertirlo en un resorte más de oposición al Gobierno. Ese papel no le corresponda, ni parece adecuado que haya pasado por delante la animosidad partidista o ideológica cuando está en juego la vida de tantas mujeres.
