La mayoría de los jueces de Extremadura han estampado su firma en un manifiesto que desde hace semanas circula entre los jueces y magistrados españoles y cuyo contenido constituye una especie de 'enmienda a la totalidad' al actual sistema de elección de los órganos de gobierno y representación del Poder Judicial. Los jueces firmantes se quejan de que el poder político está interviniendo en el Judicial hasta el punto que está desarbolando su independencia, garantizada constitucionalmente puesto que es uno de los pilares en los que descansa cualquier Estado de Derecho. Los jueces, como cualquier ciudadano de un país democrático, tienen derecho a manifestar sus críticas al sistema judicial y a tomar posición sobre el mismo. El manifiesto citado es, en este sentido, un cauce más, con la novedad de que en este caso, y ahí radica su valor, lleva la adhesión expresa de los firmantes. Sin embargo, el documento no solo se ocupa de defender la separación del Ejecutivo o del Legislativo, sino que entra también en cuestiones de índole laboral e incluso económica, lo cual lo desvirtúa porque hace dudar de cuál es la intención de fondo que une a sus firmantes: si defender un Poder Judicial independiente o unos miembros del mismo mejor pagados y con menos carga de trabajo. Peticiones legítimas pero que requerirían otro contexto.
