Los jueces no deberían ser elegidos por los políticos

Tras numerosas inversiones en el sistema judicial, principalmente en edificios, todavía no hemos avanzado en lo primordial, que es la mejora de la eficacia de los juzgados, sobre todo en la lucha contra la corrupción. Casi todos hemos tenido contacto y experiencias con la Administración de justicia, por lo que nadie puede negar los enormes retrasos; hay miles de casos pendientes en cada juzgado, lo cual es un claro atentado contra los principios del Derecho. Estamos violando, con prevaricación, la ley y la justicia. El artículo 6.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales dice: "Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativamente, públicamente y dentro de un plazo razonable de tiempo por un tribunal independiente e imparcial". Un "plazo razonable", no después de 10 años, como sucede aquí en casos importantes de corrupción, para al final acabar siendo archivados. Transcurren los años y no progresamos. Al igual que ocurre con la educación, somos los últimos de Europa. Mientras, los políticos continúan como en el patio de la escuela, intercambiando los casos de corrupción como cromos en vez de enfrentarse a los corruptos. El día que una votación importante sobre la corrupción sea ganada en el CGPJ por 20 a 0, en lugar del tradicional 11 a 9 según los jueces sean simpatizantes del PP o del PSOE, podremos decir que la justicia es imparcial e independiente. Los jueces deberían ser designados democráticamente por sus colegios, no por organismos políticos. Si dotamos de eficacia y un correcto funcionamiento a la justicia, los empresarios --nacionales y extranjeros-- aumentarán la inversión en España y así reduciremos sensiblemente el paro.