WLw a renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pactada por el PSOE y el PP, con el interesado visto bueno de CiU y el PNV, tiena una primera consecuencia que es formalmente positiva: pone fin a dos años de un impresentable bloqueo político que impedía la renovación del órgano de gobierno de los jueces. El final de esa bochornosa situación, que ha tenido lugar a raíz de un cambio de actitud del PP, tras abrazar Mariano Rajoy posiciones más templadas, es la parte que hay que celebrar del acuerdo sellado el lunes por los portavoces parlamentarios de los dos grandes partidos, el socialista José Antonio Alonso y la popular Soraya Sáez de Santamaría.

Pero en la parte negativa está la excesiva obediencia partidista de los 20 vocales elegidos (9 a propuesta del PSOE, 9 del PP, uno de CiU y otro del PNV). Que el organismo que rige el funcionamiento del poder judicial --no se olvide, uno de los pilares del Estado democrático-- dependa tanto de la aritmética parlamentaria es una anomalía de nuestro sistema democrático, que prima a las cúpulas de los grandes partidos en perjuicio del sano juego de equilibrios entre los distintos poderes.

Las biografías profesionales de algunos de los 20 vocales seleccionados demuestran hasta qué punto los partidos han buscado magistrados y fiscales ideológicamente afines. Esto es especialmente llamativo en el caso del PP, que ha designado a dos juezas muy significadas por asuntos de hostigamiento a los socialistas en los casos del ácido bórico y del incendio forestal de Guadalajara en el 2005. Da toda la impresión de que los populares han querido premiar a esas dos magistradas con el ascenso a la cúpula del poder judicial. Y la misma sensación se extrae del nombramiento de José María Gómez Benítez, defensor del PSOE en el sonado caso del ´tamayazo´, que abrió una profunda crisis en el socialismo madrileño, a raíz de la cual Esperanza Aguirre se asentó en el poder de la Comunidad.

También es significativa la presencia en la lista de personas que han ocupado u ocupan cargos políticos relevantes en las filas del PSOE (tal es el caso de la exsecretaria de Estado Margarita Robles, ´segunda´ del que fue ´biministro´ Alberto Belloch), del PP (el consejero valenciano Fernando de Rosa), de CiU (el exsenador Ramon Camp) o del PNV (la exdiputada Margarita Uría).

El CGPJ renovado --a falta de la elección del presidente-- tiene un marcado perfil político como consecuencia del sistema legal que rige su composición, pero sobre todo por el empeño de los partidos en mantener un férreo control sobre el aparato judicial. Desgraciadamente, nada nuevo bajo el sol. Está por ver si ese organismo es capaz ahora de afrontar los grandes problemas de la justicia española, que sufre una pésima valoración por parte de los ciudadanos, que le achacan ser rehén de los partidos políticos. A priori, la composición del Consejo tendrá que esforzarse en disipar ese juicio, e invertir la carga de unas pruebas que, hoy por hoy, tienen en su contra.