WEw l auto dictado ayer por el juez Baltasar Garzón ha puesto de nuevo sobre la mesa las responsabilidades morales y penales en las que incurrieron quienes desencadenaron la guerra civil, resultaron vencedores y desplegaron una represión vesánica y durante años contra los vencidos. Y, al mismo tiempo, ese auto ha reabierto el debate promovido por la discusión y aprobación de la ley de la memoria histórica en cuanto atañe al derecho de las familias a conocer el paradero de sus deudos, víctimas de la represión, a rehabilitarlos y darles la digna sepultura que todo ser humano merece, y que los poderes públicos deben asegurar.

Este último aspecto parece haber quedado cubierto con el propósito de abrir las fosas comunes cuya localización se conoce e identificar los restos hasta donde lo permita la medicina forense, que en el caso de nuestra región atañe a más de 10.200 desaparecidos. EL PERIODICO EXTREMADURA ha apoyado siempre este gesto de reparación necesaria, y en este sentido no cabe otra posición que la de aprobar las diligencias del juez Garzón para que la ley se cumpla sin restricciones y no solo en los casos de personajes conocidos. Hacerlo no conmueve, en modo alguno, los cimientos de la cohesión social ni pone en duda los fundamentos del pacto de convivencia que significó la transición desde un régimen totalitario al sistema democrático del que actualmente disfruta la sociedad española.

Las dudas sobre esta cuestión asoman cuando se pasa de la reparación moral de las víctimas, que nadie discute, a la persecución penal de los verdugos. Y ello porque la ley de amnistía aprobada en el año 1977 cabe interpretarse como la liquidación de una etapa de enfrentamiento entre los españoles y, en consecuencia, acaso no es posible volver sobre los delitos asociados a la represión franquista para ser juzgados por tribunales y leyes que están obligados a acatar la prescripción dispuesta por la citada ley, de la que en aquel momento se sirvieron miles de presos políticos para alcanzar la libertad. Es posible también la consideración contraria, que se trata de delitos de lesa humanidad que el derecho internacional y el español preceptúan como imprescriptibles y que, por tal motivo, deben perseguirse siempre, aunque se haya dictado una amnistía general.

Ante tal dilema, parece más prudente pasar de la reflexión jurídica a la política y concluir que la historia no es reversible y que en España la transición se tradujo en un pacto histórico, tan lleno de imperfecciones como preñado de virtudes, porque terminó siendo la llave que garantizó la convivencia. Este es un bien superior, que la reivindicación de la memoria de los vencidos no daña, y en cambio la acción de los tribunales puede perturbar. La superioridad moral de la democracia frente al franquismo, de los defensores de la República frente a los inductores del cuartelazo, son conceptos tan asumidos por nuestra sociedad que su arraigo no depende, por fortuna, de la acción de los tribunales.