Una nueva polémica en torno a la situación política del País Vasco está servida. Le decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de considerar al partido Acción Nacionalista Vasca (ANV) plenamente legal y fuera del entramado ETA-Batasuna abre una vía para que en las próximas elecciones municipales y autonómicas haya representantes de la izquierda aberzale bajo el paraguas de esas siglas. Conviene decir ante todo que Garzón, como señala el auto redactado el pasado sábado, no hace interpretaciones políticas, sino que, de modo escrupuloso, ha basado su decisión en los datos que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado le han puesto sobre la mesa para que tome una decisión como juez. Y en esos datos no ha encontrado pruebas de que ANV sea una formación "fagocitada" por Batasuna, en expresión muy descriptiva usada por el magistrado.

ANV es una vieja organización política --se constituyó en 1930-- y fue una de las fundadoras de la coalición Herri Batasuna en 1977. Pero en el 2001 la abandonó y emprendió un camino por libre. Pues bien, Garzón cree que no hay ningún indicio de que ANV haya incumplido desde entonces ninguna ley, incluida la de partidos. Ninguno de sus dirigentes figura en sumario alguno por causas relacionadas con actividad terrorista y no se ha detectado ninguna connivencia con ETA.

No obstante lo anterior, existe la posibilidad de que esa plataforma legal sea utilizada por la ilegal Batasuna para desembarcar en ayuntamientos y diputaciones forales y alcanzar una representatividad que de otro modo no podría tener. Pero ese es otro problema. Como señala el auto de Garzón, deben ser los fiscales y los abogados del Estado los que tomen las medidas oportunas para que no se produzca ese efecto de fagocitación que consistiría en llevar a las instituciones a miembros de una organización vinculada a ETA a través de una formación blanca.

Este periódico ha defendido siempre que no hay ideas ilegales, y que quienes quieran participar en democracia, con independencia de su programa político, no tienen otro camino que condenar las vías violentas, algo que la sociedad españolas está todavía esperando que haga Batasuna. También ha sostenido que es malo para el futuro del País Vasco y del conjunto de España que la izquierda aberzale quede fuera de la vida institucional vasca. Estamos, por tanto, ante una encrucijada que es todo menos simple y sencilla de resolver. Y en la que una vez más está presente el juez Garzón, que sin duda va a sufrir la enésima campaña por parte de sus habituales detractores.

Cabe esperar que el Gobierno impida que entren en los ayuntamientos quienes son incapaces de cuestionar los crímenes terroristas, pero también que se respete el derecho a concurrir a unas elecciones a una fuerza legal mientras nadie demuestre lo contrario.