La parafernalia montada ayer por el Partido Popular a las puertas del Tribunal Superior de Justicia del País Valenciano --nada menos que tres vicepresidentes y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá se encontraban allí para arropar al presidente Francisco Camps-- certifica un doble propósito: el empeño del partido en apoyar al declarante por los servicios prestados y desafiar a la justicia en el caso caso Gürtel. El primero de estos objetivos compromete en gran medida, antes que al propio imputado, a Mariano Rajoy y a su equipo. El segundo confirma que el intento de desautorizar al juez Baltasar Garzón, cuando inició la investigación de la trama de corrupción presuntamente puesta en pie por Francisco Correa, no fue más que una cortina de humo para desprestigiar a la justicia.

Este intento de desgastar a uno de los poderes del Estado y presentar la situación como un episodio de persecución política es una irresponsabilidad. Contra lo que sucede estos días, la primera obligación de un gran partido que es la opción política que representa hoy a la oposición es confiar en la independencia de criterio de los jueces y no ponerla en duda. De no hacerlo, no solo desgasta a los tribunales, sino que alimenta los prejuicios de quienes creen que la división de poderes no es más que una frase.

El hecho es que Camps salió del juzgado tan imputado como entró, al igual que Ricardo Costa y Víctor Campos el día anterior. Esto es, el juez no apreció en la declaración del presidente elementos exculpatorios o aclaratorios relativos a la existencia o no de un supuesto soborno. Algo que se antoja harto sencillo de lograr: bastaría que Camps presentara la factura o un certificado conforme fue él quien pagó los trajes objeto de la instrucción. De forma que, al no hacerlo, ha arrastrado a los cuadros del partido que le apoyan incondicionalmente a ser corresponsables políticos de lo sucedido en el pasado, sujeto a investigación, y de lo que pueda dictar el tribunal mediante sentencia si el asunto llega a juicio.

Este empecinamiento de la dirección del PP en defender a Camps --también a Federico Trillo en el caso del Yak 42-- contrasta con la suspensión de militancia de varios altos cargos de Madrid incursos en procedimientos judiciales de diversa índole. Y deja al descubierto una doble vara de medir que crea tensiones dentro del partido y lo desacredita ante la opinión pública. Porque, sin duda, Camps es el responsable directo de la buena salud del PP en la Comunidad Valenciana, pero esta circunstancia no justifica su defensa a toda costa, sin dejar el menor resquicio a la prudencia.