El juicio por los atentados del 11-M en la ciudad de Madrid, la mayor matanza terrorista de la historia de España, quedará hoy lunes visto para sentencia. Tras la instrucción realizada bajo las órdenes del magistrado Juan del Olmo, el juicio oral comenzó el pasado 15 de febrero y termina ahora.

En total han sido 57 intensas sesiones judiciales conducidas de manera excelente por el juez Javier Gómez Bermúdez, quien desde el primer momento se propuso que la vista no se convirtiera en un espectáculo mediático. Era lo mínimo que se merecían las víctimas de este atentado y el sistema democrático español.

El desarrollo del proceso demuestra que los 29 acusados al principio por la fiscalía han visto escrupulosamente respetados sus derechos. Estamos, pues, ante un juicio justo, por más que la propaganda de grupos islamistas o de la ultraderecha española se empeñe en decir que ha sido una pantomima. Las acumulación de pruebas contra los acusados ha sido contundente.

Por eso no es de extrañar que de las primeras sesiones celebradas durante este proceso judicial, en las que toda la estrategia era negar los hechos, a las últimas haya habido un salto importante a la hora de valorar lo que realmente ocurrió. Los abogados ya saben que solo pueden atenuar unas penas para sus defendidos que se prevén durísimas, como corresponde a la magnitud de los delitos que se les imputan. Por eso en las conclusiones de estos días algunos de ellos han buscado una estrategia encaminada a lograr el mal menor y no la inocencia.

El desarrollo del juicio puede presentarse ante la opinión internacional como un ejemplo de correcto funcionamiento en España del Estado de derecho. Que la sentencia --prevista para el mes de octubre-- se dicte tres años y medio después de los atentados refleja que en este caso la justicia ha actuado con una velocidad razonable. Lo ha podido hacer por la buena actuación de las fuerzas de seguridad, que muy pronto detuvieron a los principales implicados --otros se suicidaron en Leganés-- en las tramas que llevaron a las explosiones de los trenes.

La sentencia, además de hacer justicia, tendrá un indudable interés político, porque será el cierre de uno de los episodios más lamentables de la historia reciente española: la urdimbre de una falsa teoría de la conspiración según la cual la banda terrorista ETA y miembros de los cuerpos y las fuerzas de seguridad habrían estado implicados en los atentados que tuvieron lugar en la capital española y en su posterior atribución a grupos islamistas.

Una siniestra operación que, sin duda, perseguirá al Partido Popular, porque fueron sus medios de comunicación más afines y algunos de sus dirigentes quienes dieron alas a esa aberración.