Las dos primeras jornadas del juicio por los atentados del 11-M celebradas la semana pasada se han atenido a la pauta previsible dentro y fuera de la sala. Era imposible esperar grandes revelaciones en los primeros asaltos, y no las ha habido, en igual medida que no ha cesado el ruido de los medios de comunicación empeñados en desviar la atención de los hechos probados hacia las tesis conspirativas, con el objetivo de vincular las siglas de ETA con el asesinato de 191 inocentes.
La negativa de los tres primeros acusados a responder a las preguntas de los abogados de las acusaciones no debe llevar a falsas interpretaciones acerca de su grado de responsabilidad en la matanza de Madrid. Ni tampoco el desmentido de Hasan el Haski, uno de los presuntos inductores de los atentados, sobre su relación con la banda terrorista ETA. Más prudente parece aguardar el turno de los técnicos y de los testigos, y, acaso, recordar que ningún servicio secreto --ni en Europa ni siquiera en Estados Unidos-- duda hoy de que la tragedia del 11-M fue desencadenada por una célula de fanáticos islamistas. Todos los indicios conocidos desde muy pocas horas después de que estallaran las bombas llevan a esta conclusión, aunque no pocos se hayan esforzado en presentar la fase de instrucción del sumario como el momento elegido para difuminar la conexión etarra.
Es posible que a muchos de los más locuaces y exaltados difusores de las tesis conspiratorias haya defraudado la serena discreción en la que han transcurrido las dos primeras sesiones del juicio que se celebra en la Casa de Campo de Madrid, pero este es el mejor clima para esclarecer de forma definitiva los atentados.
En este sentido, resulta significativo que el Partido Popular haya dado indicaciones a sus portavoces más apasionados para que echen mano de la participación etarra lo menos posible durante los días que transcurran las sesiones, visto que, desde el banquillo de los acusados, es poco previsible que la tesis que ellos vienen defendiendo desde hace más de dos años gane cuerpo. Y desde la acusación pública, que debe ceñirse a la objetividad de los hechos y no a las especulaciones, aún es más improbable.
A este tratamiento desapasionado, profesional y riguroso tienen derecho las víctimas de la masacre del 11-M y sus familiares, en primer lugar, y, por extensión, toda la opinión pública española.
El atentado más sangriento registrado en Europa desde el final de la segunda guerra mundial ha sido materia cotidiana de una polémica sonrojante en la que, de forma cotidiana y hasta machacona, se ha puesto en duda el trabajo realizado durante todos estos meses por la policía, la fiscalía y el de los jueces que han instruido el caso. El desarrollo de la vista durante los próximos días y el respeto a la labor del tribunal debieran zanjar esta anomalía.
