Dos confusiones han llevado el caso de la niña de Tenerife a cotas insospechadas de injusticia que han puesto en evidencia una vez más la capacidad que tenemos para pisotear los derechos que nuestra Constitución reconoce a todos los españoles. La primera confusión de uno de los profesionales médicos fue hacer un diagnóstico poco certero en cuanto a las lesiones tras la caída de la niña, y aunque puede que la pequeña no se hubiese salvado de ninguna manera siempre quedará la duda al respecto, y la segunda, muy grave también es el haber diagnosticado abusos por parte de una de las personas que cuidaba a la pequeña cuya consecuencia ha sido un linchamiento moral del que difícilmente podrá recuperarse la víctima. Es difícil enfrentarse a vecinos, compañeros o conocidos que con la mirada han querido matarte, sin contar con las personas que se personaron a las puertas de los juzgados presas de la ira. No es la primera vez que la sociedad juzga a una persona sin tener las pruebas suficientes y sin la consabida presunción de inocencia a la que todos tenemos derecho. La precipitación de emisión de juicios temerarios no son buenas, porque en un caso como éste puede desembocar en un linchamiento público contra una persona inocente como ha demostrado la autopsia que se le ha practicado a la pequeña tras la muerte de ésta como consecuencia de una caída. Las declaraciones equivocadas de esos profesionales de la medicina han generado que todos los medios de comunicación se hayan hecho eco y hayan posibilitado la difusión del escarnio en un juicio alternativo antes de tener la evidencia de que la víctima del ludibrio era responsable del fallecimiento de lo acontecido. No se han escatimado opiniones ante el caso, ni portadas de prensa escrita, en algunos casos, sobrecogedoras, ni aún insultos de ciudadanos en general sentenciándole antes de las pruebas definitivas. Nadie podrá resarcir a este ciudadano del daño moral del que ha sido objeto desde que trascendieran las causas equivocadas de la muerte de la pequeña. Por desgracia, no era la primera vez, ni será la última que juzguemos a alguien sin tener pruebas, porque opinar es gratis para la mayoría de los ciudadanos, aunque sea en un caso tan lamentable como éste. Ahora lamentaremos lo ocurrido y nos arrepentiremos de las opiniones vertidas, los medios de comunicación rectificarán; pero a la primera de cambio volveremos a caer en el mismo error. No se puede permitir el morbo en un caso tan grave como el que nos ocupa, porque con ello se ataca la dignidad y el honor de una persona que se ha prejuzgado sin tener las pruebas pertinentes que demostraran su culpabilidad. No parece normal que primero pidamos que la justicia caiga con todo su peso sobre este señor y luego nos rasguemos las vestiduras culpando de todo a los medios de comunicación, que si bien son responsables de crear opinión no son los responsables de todos los males que ocurren en esta sociedad metida en la vorágine del morbo y la ausencia de privacidad.
