La Junta de Extremadura ha ofrecido a los sindicatos UGT y CCOO y a la Confederación Regional de Empresarios acordar una política común sobre asuntos estratégicos para la región, como la inmigración, la política energética, las infraestructuras, la Formación Profesional, etc. Al tiempo, en el texto denominado Declaración para el diálogo social , suscrito ayer, también se recoge la voluntad de las partes de abrir foros permanentes --hasta nueve-- sobre la educación, la dependencia, el sector agrario y su reforma, etc.

Si hasta ahora ha habido una característica en el gobierno de Fernández Vara esa ha sido su disposición al pacto. Lo ha hecho con la oposición popular en el Parlamento extremeño, comprometiéndose a abordar juntos la reforma del Estatuto, las leyes educativas, la política agraria o la ampliación de las competencias a los municipios. El acuerdo de ayer con los agentes sociales apuntala esa tendencia. En declaraciones a este periódico el pasado domingo, el jefe del Ejecutivo regional se confesaba obsesionado con lograr estabilidad por ser el factor que crea el clima necesario para generar confianza en el futuro de la región y el consiguiente progreso. Señalaba Vara que los pilares sobre los que hacer descansar esa estabilidad eran dos: el pacto político con el PP y el pacto suscrito ayer con los agentes sociales, los cuales también parecen participar de este criterio a tenor de las declaraciones de Julián Carretero, secretario de CCOO, en el sentido de que el diálogo social es un valor en la estrategia de crecimiento.

La política extremeña no tenía engrasados los mecanismos del pacto, hasta el punto de que lo que Vara está haciendo es poner en práctica una manera inédita de hacer política. Es creíble porque se apoya en el hecho incuestionable de que un gobierno como el suyo no necesita, en puridad, alcanzar ningún acuerdo con nadie, toda vez que su base alcanza a casi los 3/5 de la Asamblea y solo en una legislatura desde que existe autonomía el grupo socialista tuvo un diputado más que ahora. No es, por tanto, una decisión aritmética, sino de principios: en esa misma entrevista, Fernández Vara señaló que pacta porque cree que es lo que más conviene a Extremadura.

El documento suscrito ayer coloca a los sindicatos y a la patronal en un nivel de interlocución desconocido hasta ahora, puesto que en los últimos años los grandes pactos entre los mismos firmantes tenían un alcance, aun siendo importante, sensiblemente menor: se circunscribían a planes de empleo, medidas contra la siniestralidad laboral o la política industrial. A partir de ahora su opinión será tenida en cuenta en otros muchos asuntos que guardan una relación más lejana con lo que los ciudadanos entienden que son de su estricta competencia. Con la Declaración para el diálogo social se les eleva a la categoría de corresponsables de los acuerdos que alcancen y se les otorga un papel más protagonista en el esfuerzo por alcanzar la mayor estabilidad política que pretende el presidente. Es también un papel más arriesgado, porque, ahora más que nunca, se le tendrán que pedir cuentas a sindicatos y patronal si no se cumplen los objetivos previstos.