Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, ya tiene asignado un día para la comparecencia de imputación por el delito de cohecho en el que está presuntamente implicado. Será el 15 de julio. Esa es la decisión que adoptó ayer José Flors, juez instructor de la rama valenciana del caso Gürtel, por el que también están imputadas el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, y los exmiembros del Ejecutivo autonómico Víctor Campos y Rafael Betoret. Lo que el magistrado hizo ayer fue decir que existen indicios racionales de culpabilidad como para no solo rechazar el archivo de las actuaciones, sino para la apertura de un juicio oral. Es decir, cree que son consistentes los datos de que Camps recibió trajes y otras vestimentas valorados en casi 13.000 euros --y los otros tres, por un importe de 22.000 euros-- de la trama de corrupción y tráfico de influencias del empresario Francisco Correa.
La traducción política de esta decisión judicial es que Camps tiene hoy un futuro más difícil que ayer. Su estrategia ha sido hasta ahora la de proclamar de forma indignada su inocencia e intentar blindarse emocionalmente con el apoyo electoral que los valencianos siguen prestando al PP. Pero eso, obviamente, no le otorga más posibilidades de salir indemne de sus responsabilidades, que si acaban en un juicio formal tendrán el añadido escénico de ser sustanciadas por un jurado popular. De momento, el PP mantiene la fe en Camps, pero si este cae la onda expansiva causará serios daños a Mariano Rajoy y su equipo.
