La condena por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia del general serbobosnio Dragomir Milosevic, a 33 años de cárcel, por los crímenes cometidos durante el asedio de Sarajevo, y el juicio que se sigue en Lima contra el expresidente Alberto Fujimori, ya condenado a seis años por una causa menor, es una nueva señal que se envía a dictadores y criminales de guerra para advertirles que sus delitos no tienen por qué quedar impunes. El tribunal con sede en La Haya ha considerado que las tropas bajo las órdenes de Milosevic utilizaran armas y métodos (francotiradores armados con fusiles de mira telescópica y bombardeo mediante morteros, esencialmente) dirigidos a matar a la población civil, y no solo a soldados enemigos de Bosnia-Herzegovina. Fujimori debe rendir cuentas por las masacres cometidas bajo su presidencia por grupos paramilitares.
No hay que caer, sin embargo, en un exceso de ingenuidad. Porque son muchos --demasiados-- los dictadores y criminales de guerra cuyos delitos han quedado o quedarán indemnes. El caso emblemático es el de Augusto Pinochet, quien a pesar de los esfuerzos del juez Baltasar Garzón, primero, y de algunos colegas suyos chilenos, después, murió sin llegar a ser juzgado. Otro ejemplo: el superior de Dragomir Milosevic, el general Ratko Mladic, y el líder político serbobosnio Radovan Karadzic siguen en libertad, escondidos con la complicidad o no del Gobierno de Belgrado. Y hay países, como EEUU, Rusia, China o Israel, que se han negado a someterse a la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional. De esta forma, los excesos de sus tropas no pueden ser juzgados por tribunales internacionales.
