Son muchas ya las voces que, tanto desde Extremadura como desde otras comunidades, reclaman una mayor descentralización de la Justicia, entendida por tal la dotación de mayores competencias a los tribunales superiores en descarga de asuntos y atribuciones del Supremo. A las palabras del flamante presidente del TSJEx, Julio Márquez de Prado, en su toma de posesión del pasado viernes, se unieron ayer las voces de los decanos de los colegios de abogados de Cáceres y Badajoz, Joaquín Hergueta, y José Manuel Rubio, respectivamente. Todas, en idéntico camino.

Y al margen de las propuestas políticas propias de la precampaña electoral, en este caso lanzadas desde las filas socialistas, cabe plantearse con rigor y lejos de posicionamientos enconados, si de verdad la descentralización de la Justicia en España conllevaría ventajas tanto a administradores como administrados. Es decir, si esta propuesta agilizará más los procedimientos sin perder un ápice de legitimidad y seguridad jurídica, y, al mismo tiempo, servirá para optimizar recursos. La propuesta socialista, que emparejó a proyectos similares como la creación de agencias tributarias autonómicas, debe estar ahora acompañada de un debate técnico imprescindible. Las voces extremeñas más autorizadas ya han dado su opinión.