LA JUSTICIA Y EL MONIPODIO MADRILEÑO

De Montesquieu a nuestros días ha llovido lo suyo y sin embargo da la impresión que en lo de la separación de poderes se ha avanzado poco, al menos en nuestro país, en donde las afinidades y desafinidades de jueces y fiscales es un factor prevalente en algunos de ellos, para que esta o aquella causa se sustancie o se sentencie en uno u otro sentido.

Es cierto que jueces y fiscales en su faceta de ciudadanos tienen el derecho de tener sus propias inclinaciones políticas, pero no es menos cierto que la acción de impartir justicia requiere un distanciamiento de la misma. Más allá del ejercicio del voto secreto, ni jueces ni fiscales debieran hacer ostentación de inclinación política alguna.

Una sociedad con instinto de conservación debiera colocar al estamento judicial en una situación de estima y respeto muy alta, pero con reglas muy estrictas que garantizasen su independencia. Malo es que la sociedad conozca caras, nombres y apellidos de la judicatura, aireadas por los medios de comunicación, casi como si se tratasen de actores. La presión mediática en el sistema judicial es muy perniciosa y deriva en lo del juez estrella, que es lo último que debe ser un juez, dicho esto con el mayor respeto hacia el juez Garzón.

Este meter en el mismo saco a fiscales y jueces, siendo los primeros estrictamente funcionarios, en definitiva dependientes del ejecutivo, y los segundos estamento judicial propiamente dicho, puede parecer un tanto incorrecto, pero deja de serlo si nos referimos al comportamiento ético de los actores principales que imparten justicia en su sentido más amplio.

Los tecnicismos jurídicos sin duda que son muy importantes, y con seguridad que el procedimiento también, pero aún lo son más aquellos elementos básicos por los que se define lo justo y lo injusto. Es decir, siempre el espíritu de la ley es más importante que los elementos formales de la misma. Por eso en aquellos casos claros y notorios, como el escándalo surgido a raíz de la presunta trama existente entre algunos políticos y constructores madrileños, resulta un tanto extraña la inhibición de la justicia, al menos de una pieza clave de la misma como es la Fiscalía del Estado. Cuesta creer que de mutuo propio no haya entrado a saco a investigar, a investigar a todos, a tirios, a troyanos, a prófugos, a colindantes de los prófugos, para impartir justicia. Es lo mínimo que los ciudadanos debemos y podemos exigir.

No se trata para nada en darle la razón a este partido y quitársela a aquél, porque no son éstos los términos ni la lectura que el Poder Judicial puede y debe hacer. Las lecturas políticas ya la harán los políticos, lo suyo es hacer luz, investigar y obrar en conciencia según lo investigado.

En el lenguaje coloquial, frecuentemente se dice ante un hecho muy grave, que es de juzgado de guardia. Es una apelación del subconsciente ciudadano a la instancia judicial. Pues la verdad, el escándalo surgido en el monipodio madrileño es de juzgado de guardia, que en este caso se llama Fiscalía General del Estado y su titular es el señor Cardenal. Y debiera haber iniciado la investigación y aún está a tiempo, independientemente de que se constituya la comisión investigadora del caso en la Asamblea de Madrid y se tenga un pretexto para inhibirse.

Mal espectáculo éste de una justicia que no quiere entrar en ese sucio mundo de bastardos intereses, en donde se sigue cobrando a tanto la cuchillada, cuchillada que nos dan a todos y por eso todos la sufrimos.