Es difícil que el ciudadano de a pie entienda la confirmación de la multa de 1.500 euros impuesta al juez de Sevilla Rafael Tirado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es difícil porque una parte de la responsabilidad de un juez es dictar sentencia y otra parte, no menos importante, es aplicarla, es decir, velar para que se ejecute. Desde este punto de vista, y a pesar de todos los condicionantes que puedan argüirse, retardar la ejecutoria de Santiago del Valle por abusos a su hija durante más de dos años es del todo incomprensible. Recordemos que fue justo en el período en el que Del Valle tendría que haber estado en prisión cuando fue asesinada la niña María Luz Cortés, lo que provocó el subsiguiente estado de exaltación popular y de indignación con la Justicia.

Mientras que la secretaria judicial del juzgado de Tirado fue castigada con dos años de suspensión de empleo y sueldo (con un régimen sancionador que depende del Ministerio de Justicia), el juez solo ha sido multado económicamente, a instancias del CGPJ, el órgano de gobierno autónomo del Poder Judicial, garante de su independencia y sin función judicial. Por decirlo de una manera llana, son los propios jueces (mayoría en el consejo) quienes deciden sobre la conducta de sus colegas, en un ejercicio muy cercano al corporativismo, como se ha demostrado en el hecho de haber seguido calificando como "grave", y no como "muy grave", lo que el ministro Bermejo ha definido como "una desatención continuada en el tiempo".

La inmediata reacción del Gobierno ha sido apoyar el recurso de la fiscalía ante el Tribunal Supremo y, sobre todo, anunciar el envío al Parlamento de una reforma del régimen disciplinario de los jueces. El asunto no es nada baladí, teniendo en cuenta la actual situación de la judicatura, casi en ebullición a causa de problemas endémicos, con la amenaza de una huelga en febrero, que sería inédita y de un indudable calado político que a buen seguro erosionaría al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero.

Hay colegios de abogados que ya están alentando una reforma el régimen disciplinario de los jueces pues consideran que el castigo debe ser proporcional a los daños causados, no como la multa de 1.500 euros impuesta a Tirado. "Si la sanción se ajusta a derecho, desde un punto de vista reglamentario, esto debe comportar una urgente reforma de la normativa sancionadora vigente porque las responsabilidades deben ser proporcionales a las consecuencias o a los errores cometidos y la sanción impuesta no es equitativa", argumenta el colegio catalán.

En esta situación, donde se mezclan la inquietud y las quejas de los jueces ante la Administración, la cuña que podría colocar el PP ante una posible revuelta judicial y la lógica desazón de la ciudadanía, el CGPJ ha desaprovechado la oportunidad de empezar su nueva singladura con una sanción ejemplar y ha optado por una decisión mojigata y acomodaticia.