Diputado socialista
Un juez de Málaga ha archivado sin más diligencias la causa del incendio de la comisaría en el que el 27 de diciembre murieron siete inmigrantes. De entrada, parece rara la forma de ventilar un caso tan grave: sin practicar las pruebas solicitadas por la acusación, sin mediar informe técnico alguno y sin llamar a declarar a los bomberos ni a los supervivientes, que fueron expulsados por ilegales. Al parecer, han sido determinantes las imágenes de las cámaras de seguridad.
El fuego fue provocado por una de las víctimas y los policías presentes actuaron con rapidez. Pero no parece correcto desestimar con tanta prisa una posible responsabilidad civil subsidiaria del Estado. Y como las víctimas eran africanos sin papeles la instrucción exige, si cabe, aún mayor transparencia.
