El Tribunal Constitucional debe pronunciarse ante el recurso planteado por la Audiencia Nacional contra la reforma --subida-- de las tasas judiciales aprobada por el Gobierno a finales del 2012. La filosofía del auto de la Audiencia no cuestiona la existencia de una tasa, sino la posibilidad de que su cuantía limite el acceso a la justicia de los ciudadanos y de las empresas más pequeñas.

La fuerte oposición a las modificaciones introducidas en este terreno por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón sigue creciendo año y medio después de la entrada en vigor de la ley. Algunos expertos consideran que la medida se encamina hacia una suerte de privatización de la justicia bajo el pretexto de luchar contra su uso abusivo. Las tasas se emplean como elemento disuasorio. Algo parecido a quienes defienden la penalización del uso de los servicios médicos de urgencias para evitar su colapso.

Así, en el primer balance oficial desde la entrada en vigor del aumento de tasas, el Ministerio de Justicia admite que entre enero y junio del año pasado se registró una caída de pleitos del 21% en lo contencioso-administrativo, un 14% en civil y un 3,1% en el ámbito de lo penal, donde no hay tasas. En los tribunales de lo social (laboral) sí hubo un incremento, del 1,3%. El ministerio entiende que estas cifras no responden únicamente a las tasas, dado que la retracción de la actividad económica ya se había reflejado en lo contencioso-administrativo antes del 2012. En medios jurídicos, sin embargo, se cifra el descenso de causas en algunas ciudades en más de un 40%, una caída que estaría directamente relacionada con el incremento de los costes judiciales.

Unicamente los mecanismos de mediación civil, mercantil y laboral con los que el ministerio pretende desjudicializar ciertos conflictos podrán paliar el perjuicio que la subida de tasas genera en los ciudadanos con menos recursos y en las pequeñas empresas. Pero todo el mundo sabe que sus efectos serán muy limitados, dado que en los procesos más comunes, como las reclamaciones de deuda, el deudor difícilmente quiere llegar a un acuerdo amistoso, sino que suele utilizar la dilación a su favor.

Los primeros datos aportados por el Gobierno confirman los temores de que lo que se anunciaba como un freno a los abusos en realidad aleja la justicia de los ciudadanos y la hace menos accesible.