TEtl Gobierno e Izquierda Unida han llegado a un consenso básico para sacar adelante la llamada Ley de la Memoria Histórica. El punto de encuentro ha sido la declaración formal de ilegitimidad de los procedimientos judiciales instados por la dictadura para realizar persecuciones políticas. La falta de legitimidad del franquismo quedará certificada por el Congreso. La República, con todas sus imperfecciones, fue un régimen amparado por la legalidad que fue interrumpida por el golpe militar del general Franco al que siguió una cruenta guerra civil y cuarenta años de barbarie y arbitrariedad en forma de oprobiosa dictadura.

Dicho todo esto, pienso que no puede existir memoria colectiva sino consenso básico sobre la naturaleza de hechos en donde las víctimas lo son en función de sus circunstancias personales, que cuando provienen de una acción injusta debe ser repara en su memoria y también en los perjuicios que promovieron.

Una Ley de la Memoria puede ser un marco extraordinario para que el peso de los hechos violentos en el recuerdo sean soportables por los herederos de quienes los padecieron y que se sientan reconocidos por la sociedad que tiene la capacidad de realizar esa revisión. Pero no hay que dejar a ninguna víctima aparte en función del lugar que ocupó en aquel inmenso desastre colectivo.

El PP se ha equivocado como tantas veces en esta legislatura- en la soledad de su aislamiento. La restitución de los derechos conculcados por un sistema ilegítimo y violento no tiene que proferir ninguna ofensa si se hace desde una asepsia exenta de revancha. En esencia, este comportamiento es exigible a los partidos políticos porque sólo por el hecho de que reivindiquen un carácter democrático tienen que estar dispuestos a condenar los actos jurídicos llevados a cabo por la dictadura para depurar a los disidentes. Pero las víctimas que lo fueron de los abusos y falta de control de la República no deben ser discriminadas ni ofendidas.

Como en tantas otras cosas, esta ley es mucho mejor que las explicaciones que han dado sus promotores. Se ha trasladado a la opinión pública la sensación de que con esta ley se equilibraba las ofensas añadidas que la dictadura profirió a sus víctimas con la exaltación permanente de los caídos por Dios y por España. Pero el inmenso error de la dictadura no quita la condición de víctimas a quienes lo fueron de la República, cuya legitimidad no es contradictoria con la violación de derechos que, sin duda, promovió o consintió. Como diría Giulio Andreotti , a nuestros políticos les falta finezza . O quizá, sencillamente, grandeza.