No constituye ninguna sorpresa que el lendakari, Juan José Ibarretxe, anunciara ayer tras su comparecencia ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que volverá a reunirse con Batasuna las veces que haga falta. O sea, que continúa el pulso entre el poder ejecutivo vasco y el judicial. O, lo que es lo mismo, entre dos poderes del Estado democrático imprescindibles para encontrar el camino del fin de la violencia. Es ingenuo pensar que esta espiral es inocua; que tras la manifestación de apoyo al lendakari del lunes, la nota de protesta del Consejo General del Poder Judicial del martes y la comparecencia ante los medios de Ibarretxe, ayer, todo sigue igual. Seguramente esta causa no va judicialmente a ningún sitio --de hecho, ya existen sentencias del Supremo en las que se considera legal hablar con Batasuna--, pero el daño que se ha hecho a la convivencia democrática y a las posibilidades de afrontar el fenómeno terrorista de una manera consensuada entre partidos democráticos y jueces puede ser irreversible. Una extendida corriente de opinión seguidora de los postulados del PP ha señalado estos días que el lendakari está sujeto a la ley y al Estado de derecho como cualquier otro ciudadano. Es enfatizar lo obvio. Porque Ibarretxe se ha presentado ante el juez y ha asumido su responsabilidad. Es cierto que podría haberse ahorrado la convocatoria de una manifestación que trata de presionar a los jueces desde la trinchera política. Pero el presidente vasco no ha hecho sino sostener ante el tribunal lo que ha defendido en todos los foros públicos.
