XLxos trabajos de la convención y las reuniones del consejo de jefes de estado y jefes de gobierno han suscitado debates y discursos de gran vuelo político, pero sin llegar a aquéllos que pretendían modelar el destino de los pueblos. En la criba de los medios de los medios de comunicación, aparecen como temas más relevantes las materias de política nacional que se convierten en políticas comunitarias y los procedimientos de toma de decisiones, por unanimidad o por mayoría cualificada, sin minusvalorar la importancia de las minorías de bloqueo. Para que la UE sea operativa hay que extender al máximo las áreas donde se decide por mayoría cualificada.

La Constitución organizará el ejercicio del poder en las instituciones comunitarias, pero con mecanismos no ajenos a los intereses nacionales. No en vano se trata de una unión de naciones donde objetivamente unas son más que otras y así se reflejará en las fórmulas de votación. Francia y Alemania han encontrado, o han proyectado, en la construcción europea, y ahora en la Constitución, el espacio de sus intereses nacionales, que son determinantes a la hora de configurar la voluntad comunitaria. La concertación de intereses ha superado cualquier coyuntura política, lo que permite actualmente que un gobierno francés, gaullista, centralista y conservador se entienda con un gobierno alemán, federal y socialdemócrata, en circunstancias internas y externas especialmente complejas. La Constitución europea va acompañada de mucha letra pequeña nacional. Es especialmente significativa, cuando ya se aplica una política monetaria común, la que se refiere a la disciplina fiscal y a los sistemas impositivos.

De los nuevos miembros se daban por descontado los menores salarios y la cualificación de los trabajadores. Lo que más ha sorprendido es que hayan optado por sistemas impositivos con bajos tipos en el impuesto sobre la renta y su apuesta por la inversión exterior. La competitividad de estos países se reforzaría con los fondos procedentes del presupuesto comunitario para la cohesión económica, social y territorial, que financiarán mejores infraestructuras de transporte, comunicaciones y energéticas, y, lo que parece más temible, subvenciones a las empresas. Esta estrategia ha encendido las alarmas en Francia y Alemania, por una supuesta deslocalización masiva de empresas. En principio no debería preocuparles, puesto que el PIB a los diez nuevos miembros sólo representa el 4,5% del total UE-25 (9,7 billones de euros). Es más, la extensión del mercado único a estos países ofrece grandes oportunidades a las empresas francesas y alemanas, para desplazar la producción de bienes y servicios maduros y concentrarse en nuevas actividades de mayor valor añadido, como ya ocurrió con la adhesión de España. También beneficia a los consumidores franceses y alemanes por el descenso de los precios.

Pero como hemos visto en la aplicación del pacto de estabilidad, los gobiernos de las grandes naciones pueden imponer sus intereses a corto plazo en las instituciones comunitarias. No es descartable, pues, que hagan valer su mayor peso político y representación, en votación por mayoría cualificada para conseguir la "armonización" de sistemas fiscales nacionales o para que se adopten medidas contra la aplicación "injusta" de los regímenes de ayuda pública a las empresas que se deslocalicen, lo que pondría en cuestión el modelo de desarrollo de estos países más pobres y pequeños, que son también los de mayor potencial de crecimiento en la UE.

*Economista