La intensa campaña puesta en marcha por esa parte de la derecha recalcitrante contra la práctica del aborto en España, so pretexto de presuntas prácticas irregulares en algunas clínicas de Barcelona y Madrid que están siendo debidamente investigadas por los tribunales de justicia y que, si es el caso, serán condenadas como corresponde de acuerdo a la ley, ha hecho posible que una mujer embarazada de 34 años, afectada de una discapacidad mental, y sus familiares deban afrontar una situación de preocupante indefensión jurídica a pesar de contar con la documentación que acredita que concurren en el caso las circunstancias objetivas que permiten practicar el aborto conforme a la legislación vigente.

Las imperfecciones técnicas que presenta la legislación referida al aborto, por un lado, y el creciente miedo de los profesionales a acabar ante el juez, por otro, constituyen una combinación perversa para que puedan darse este tipo de situaciones, que si además implican a un centro público --la mujer pretendía abortar en un hospital barcelonés del Sistema Nacional de Salud-- resultan doblemente preocupantes.

La preocupación es aún mayor si nos atenemos al interés poco menos que inexistente de los grandes partidos a sacar a colación en la campaña electoral en curso la crisis abierta en la aplicación de la ley del aborto. Solo Izquierda Unida y algunos partidos menores llevan en sus programas el aborto libre y gratuito; los demás pasan de puntillas, como si la autoinculpación de 8.000 mujeres --una circunstancia que retrotrae a la sociedad española a los tiempos de la Transición, en que estaban en candelero asuntos como el del aborto-- no fuera un dato suficiente para concluir que la ley de 1985 es, por lo menos, perfectible. Por no decir que está lejos de responder a la realidad presente, aquella que dice que, entre los partidarios de autorizar el aborto --mujeres y hombres--, son mayoría los que estiman necesaria la aprobación de una ley de plazos que consagre para siempre la autonomía de la mujer ante el trance de abortar.

Por desgracia, los grandes partidos se están preocupando solo de las políticas simpáticas relacionadas con las mujeres --cheque-bebé, diferentes ayudas a la maternidad, etcétera--, pero dejan sin respuesta el acerado asunto de la interrupción del embarazo, un problema ético y humano que, por responsabilidad política, exige comprometerse públicamente sin ambigüedad, particularmente por los partidos que tienen opciones de constituir gobierno.

A lo máximo que llegan estos partidos es a escudarse detrás de la suposición de que no se detecta inquietud social y, en cambio, encarar la reforma puede provocar enfrentamientos innecesarios. Tal argumento es falaz porque no se trata de legislar sobre algo de obligado cumplimiento, sino sobre el ejercicio de un derecho que atañe a una decisión individual por definición. El caso expuesto al principio debiera llevar el asunto a debates y mítines para que no cunda la sensación de que se quiere soslayar un problema acuciante.