GSgon muchos y positivos los pasos que, en los últimos tiempos, se han dado para equiparar los derechos de los hombres y las mujeres, algunos de ellos han sido conquistas arrancadas por medio de reivindicaciones, de empuje y de coraje, como si la sociedad se hubiera empeñado en dificultar la equiparación de la mujer, su independencia y su integración en el mundo laboral.

Recientemente se ha celebrado el 75 aniversario de la implantación del sufragio universal que otorgó a las mujeres el derecho al voto; la presencia de la mujer en el mundo universitario, supera ya en número al de los hombres, rompiendo la consideración tradicional de una sociedad que relegaba a la mujer a un papel secundario, otra conquista es la derogación de la actual ley de sucesión dinástica, que concederá la corona al primero en nacer independientemente de su género; pero a pesar de estos logros, la mujer aún padece larvadas y soterradas formas de acoso laboral, discriminaciones que las excluyen del derecho a promocionar a cualquier cargo de responsabilidad en las empresas. Son muchas las que desempeñan su profesión a la vez que realizan tareas domésticas, otras trabajan en casa o cumpliendo una labor asistencial, y su esfuerzo no es reconocido ni recompensado socialmente, las hay que terminan trágicamente a manos de los maltratadores tras haber pasado por situaciones de auténtico pánico, de violencia de género, y de todo tipo de vejaciones.

En vistas a este panorama, se desprende que está siendo conculcado el espíritu de la Constitución, que defiende que la sociedad, como principio fundamental, ha de regirse por una concepción igualitaria y democrática. La Constitución consagró la igualdad legal entre ambos sexos, pero ha sido necesario promulgar la Ley de Igualdad para que aquellos principios se materialicen en concreciones reales.

La Ley recientemente anunciada por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en la comisión mixta Congreso-Senado, contempla una serie de medidas de carácter obligatorio cuyo incumplimiento será penalizado con multas de hasta 90.000 euros, para aquellas empresas que no tengan en cuenta la igualdad de acceso, de trato, de ascensos y de salario entre hombres y mujeres, para quienes ejerzan cualquier tipo de discriminación por razón de sexo o consientan situaciones degradantes de acoso laboral, o de discriminación hacia las embarazadas o lactantes. La Ley contempla otra serie de medidas cuyo objeto es modificar ciertas actitudes, promoviendo la paridad en los consejos de administración y el equilibrio de las cuotas. Las empresas que cumplan con la normativa obtendrán ventajas a la hora de contratar con las administraciones públicas, en caso contrario, transcurridos ocho años, se emprenderá otro tipo de medidas legales más severas.

Esta Ley contempla nuevos derechos laborales como algunas medidas desfavorecedoras de la maternidad, junto a la ventaja de considerar como cotizados los dos primeros años de excedencia producidas por cuidar a los hijos o a familiares dependientes.

Es cierto que los derechos de unos no deben ejercerse en detrimento de los demás, las empresas deben gozar de autonomía plena a la hora de elegir a las personas que compongan sus organigramas directivos, en función de los criterios que consideren más oportunos. Tampoco esta ley pretende eliminar los derechos de promoción en función del mérito, o de la capacidad, simplemente se trata de propiciar una presencia activa e igualitaria de las mujeres en el ámbito empresarial, sin que exista ningún tipo de cortapisa por el hecho de ser mujer.

Aparte de la paridad en las listas electorales y en los cargos directivos, es importante garantizar la igualdad laboral y salarial en las escalas medias e inferiores del ámbito laboral, ya que es donde se producen las mayores injusticias. Según datos facilitados por el INEM, el salario de algunas mujeres es todavía bastante inferior porcentualmente al de los hombres. También convendría regular el tema de la incorporación de la mujer al mercado laboral, ya que las hay que se encuentran con problemas añadidos debido a que comienzan a trabajar con mayor edad, pues anteriormente estuvieron ocupadas cuidando a sus hijos o realizando tareas domésticas, por lo que cuando pretenden acceder a un puesto de trabajo, encuentran un mercado laboral saturado, teniendo que competir muy duramente y realizar trabajos de inferior categoría.

Del mismo modo que hace 75 años la ley que generalizó el sufragio femenino pudo levantar recelos y controversias, siendo hoy un procedimiento normal y rutinario, también este tipo de leyes que va a aprobar el gobierno pudieran provocar incertidumbre en algunos sectores sociales, pero éste es un fenómeno que con el paso del tiempo terminará siendo asimilado por la sociedad con total naturalidad.

*Profesor