WLw a derrota del Gobierno en la tramitación parlamentaria de la llamada ley Sinde --esto es, la protección de los derechos de autor en internet mediante, si es preciso, el cierre judicial de webs de descargas ilegales-- es tan sorprendente como deprimente. El plan, uno de los ingredientes más llamativos de la ley de economía sostenible, quizá el proyecto estrella de la segunda legislatura del Ejecutivo de Zapatero, fue elaborado hace un año, y cuesta entender cómo en este tiempo el PSOE no ha sabido o no ha podido tejer las necesarias complicidades parlamentarias para asegurar su aprobación. El PNV ha hecho de este asunto una excepción al pacto estable con el Gobierno, CiU ha mirado hacia otra parte y el PP ponía como precio la aceptación lisa y llana de sus enmiendas. El fracaso en que ha desembocado tanto despropósito político no es, como cínica o ingenuamente sostienen grupos de internautas cuya representatividad es difícilmente cuantificable, un triunfo de la libertad, del Estado de derecho y de las garantías judiciales. Por el contrario, la demora en la implantación de unas normas que aseguren que los cineastas, los músicos, los escritores y los creadores en general cobren por su trabajo cuando este circula por internet convierte a España en un país atrasado y poco serio. Sin duda, la industria debe ponerse al día y saber encontrar nuevas formas de relación con el público, pero es ofensivo abogar por el gratis total en nombre de la modernidad y el progresismo. Los partidos deben abandonar el populismo ramplón y enmendar cuanto antes este lamentable enredo.
