Hoy entra en vigor la Ley de Suelo que, a partir de mañana, desarrollarán y aplicarán los ayuntamientos y gobiernos autonómicos recién elegidos.

Una Ley que propone más sostenibilidad, menos especulación y más transparencia en la gestión urbanística y del suelo, tanto pública como privada. De estos tres propósitos, el de combatir la especulación es el que más debate ha generado. Bien está que se vuelva a hablar de cuántas plusvalías genera el negocio inmobiliario, de quién y cuándo se apropia de ellas o de cómo y cuánto debe participar la sociedad en esas plusvalías, como manda la Constitución. Pero ese es un debate recurrente, que lleva décadas formulado en España.

XME INTERESAx destacar aquí los otros dos grandes temas que abre la Ley de Suelo, los de la sostenibilidad y la transparencia, porque, tal y como los plantea esta ley, son novedades absolutas en la legislación estatal del suelo.

La sostenibilidad se ha convertido en el primer desafío de nuestro desarrollo y, por ello, debe también convertirse en el principio rector de cualquier política sobre suelo y territorio. Tenemos que promover un medio urbano en el que la ocupación del suelo sea eficiente y todo desarrollo urbano tenga garantizadas las necesarias infraestructuras, dotaciones y servicios públicos para atender a los ciudadanos. Pero también debemos garantizar una protección adecuada del medio rural y preservar los valores del suelo innecesario o inadecuado para atender las necesidades de transformación urbanística. Y debemos, en fin, procurar la eficacia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza y de la protección de nuestro patrimonio cultural y paisajístico.

La nueva Ley de Suelo configura por primera vez el concepto indeterminado de desarrollo territorial y urbano sostenible como un auténtico principio jurídico con consecuencias prácticas. Con él incorporamos a la legislación estatal de suelo temas hasta ahora ausentes de ella pese a ser tan importantes para el medioambiente como la eficiencia energética, el uso de recursos escasos como el agua, el incendio y la contaminación de los suelos; también temas importantes para el ciudadano como el fomento de la cohesión y la mixtura social; y para la economía, como la utilización eficiente del suelo o el aumento de la movilidad física y laboral.

XTODOS ESTOSx principios, que ya tienen fuerza de ley en España, vienen proponiéndose desde hace tiempo por la Unión Europea y se han incorporado a la Carta de Leipzig sobre la ciudad europea sostenible. Los ministros responsables de desarrollo urbano de los 27 Estados de la UE consensuamos el pasado 24 de mayo esta carta, en la que España tuvo una participación muy activa, y que aboga por unas políticas urbanas integrales, que tengan muy presente la mejora del medioambiente físico.

Si esto es así en general, cuanto más en un país como España, que tiene un patrimonio natural y cultural envidiable y cuya preservación es una prioridad clara para este Gobierno. Por eso la Ley de Suelo prohíbe descatalogar terrenos de los Espacios Naturales Protegidos o de la Red Natura 2000 por otras razones que no sean debidas a su evolución natural, científicamente demostrada.

Por eso acaba con el modelo del todo urbanizable, que ni liberó el mercado ni abarató precios. Por eso obliga a la revisión global del planeamiento cuando quieran aprobarse actuaciones de gran impacto, ya que no podemos aceptar parcheos de los planes. Por eso manda hacer una evaluación ambiental estratégica de los planes urbanísticos y les atribuye en ella un carácter determinante a los informes de aguas, costas y carreteras.

Todas estas medidas mejoran la calidad del planeamiento y ponen límites claros a la discrecionalidad en su aprobación.

La Carta de Leipzig también se refiere a la importancia de una adecuada política de vivienda social. En este sentido, en la ley hemos introducido medidas que favorecen el desarrollo de la vivienda protegida, garantizando una reserva mínima para vivienda protegida de un 30% en el nuevo suelo residencial y asegurando que este uso se cumpla. ¿Cómo?, mediante su anotación registral y, cuando se trate de patrimonios públicos, prohibiendo a los ayuntamientos subastarlos o licitarlos por encima del valor de suelo para vivienda protegida. Hay que combatir la especulación empezando por las propias administraciones.

En segundo lugar, más transparencia. Una de las más significativas innovaciones de la ley consiste en que, por primera vez, regula derechos y deberes de todos los ciudadanos y no sólo de los propietarios de suelo. Con ello establecemos un verdadero estatuto básico de ciudadanía en relación con el suelo y el medio urbano y rural.

El objetivo es claro: una gestión más transparente, en la que la participación de los ciudadanos sea efectiva y no sólo formal, y con controles de legalidad y de oportunidad claros sobre la discrecionalidad de la Administración, es el mejor antídoto contra la especulación y la corrupción.

XLA LEYx de Suelo no se para en reconocer o declarar derechos, sino que los garantiza mediante reglas básicas de gestión participativa y transparente. En concreto, la ley exige publicar en la web los planes urbanísticos vigentes y los anuncios de información pública de los nuevos que tramiten, que deberán incluir un resumen claro y sucinto sobre qué y dónde se quiere cambiar la ordenación. También los convenios urbanísticos tendrán que someterse a información pública antes de ser aprobados, y la aprobación de convenios de planeamiento, como los de permutas de terrenos, sólo podrá hacerla el Pleno.

Otra de las medidas anticorrupción más importantes es la que obliga no sólo a los concejales, sino también a todos los directivos municipales a publicar la composición de sus bienes y el objeto de sus actividades privadas. Además, la ley establece que quienes tengan responsabilidades ejecutivas, tendrán prohibida la actividad privada en esta materia y en el término municipal en el que hayan ejercido su cargo durante los dos años posteriores a su cese, como ya se exige dentro de la Administración estatal. Con estos mismos objetivos, se estipula que los expedientes de las recalificaciones que conlleven plusvalías deberán identificar quiénes han sido los propietarios durante los últimos 5 años, de manera que todos sepamos a quiénes benefician las decisiones que toman nuestros representantes.

XCON ESTASx medidas combatimos la opacidad en la gestión urbanística de algunos, pocos sin duda, pero que están haciendo un gran daño y generando alarma social. De su aplicación se derivarán importantes ventajas para los mercados y para la democracia local. Para los mercados, porque no hay competencia sin simetría en la información de los distintos operadores; para la democracia, porque sin transparencia, la participación ciudadana no es efectiva y, en vez de ser un verdadero control de la calidad y objetividad de las decisiones públicas, degenera en una mera coartada.

En definitiva, hoy entra en vigor una Ley de Suelo que propone un giro importante de reorientación de la actividad urbanística. Lo hace desde la perspectiva del ciudadano y en clara sintonía con los objetivos del desarrollo sostenible que hoy se propugnan en todos los foros internacionales.

Reivindicar el urbanismo como una función pública irrenunciable, sometida a controles y no susceptible de mercadeo no es intervencionismo, sino un ejercicio de responsabilidad. Por eso, una nueva ley de suelo era necesaria en nuestro país. Una ley que acompañe a los mercados por el camino de la normalización y la sostenibilidad, que ayude a los nuevos ayuntamientos a gestionar el urbanismo con más transparencia y objetividad y que reconozca a los ciudadanos su necesario protagonismo en la ordenación de su ciudad. Porque la ciudad no es de nadie y es de todos.

*Ministra de la Vivienda