WEwl Congreso de los Diputados ha registrado esta semana una unanimidad poco habitual al aprobar la ley contra la violencia doméstica. Y estaba plenamente justificada, porque también es unánime la preocupación de los españoles por los reiterados casos de agresiones sexistas que se producen en nuestro país (los datos y testimonios que hoy publica EL PERIODICO relativos a Extremadura son elocuentes). El PSOE tuvo buena sensibilidad y acertó al promover de forma inmediata, al acceder al poder, la lucha contra esta lacra, y el resto de los partidos ha colaborado para lograr la tramitación rápida y consensuada que merecía este tema. El proyecto inicial de la ley tenía un aspecto polémico, tanto para los juristas progresistas como para los conservadores: la propuesta de un agravamiento de las penas sólo para los hombres culpables, a partir del dato de que éstos son casi siempre los agresores. Al final eso se ha subsanado y el texto castiga especialmente a quien agreda a una mujer o a cualquier persona que sea vulnerable por razones físicas o de edad. Falta ver si esta fórmula, que intenta compatibilizar una discriminación positiva y el principio de que todo el mundo sea igual ante la ley sin distinción de sexo, es aceptable desde el punto de vista constitucional.
