LAS LEYES DE LA GUERRA

Fueron cientos los ciudadanos que esperaron su turno en las Salesas, frente a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, para adherirse a la querella interpuesta contra José María Aznar por juristas de toda España. Los propios magistrados del Alto Tribunal dispusieron este inusual mecanismo para que la ciudadanía pudiera mostrar su rechazo, mediante el uso de la ley, a la participación del Gobierno en la agresión a Irak. Otra querella anterior, presentada por IU al inicio de la agresión, ha sido admitida a trámite.

Ambas se fundamentan en la presunta comisión de una serie de delitos contemplados en el Código Penal de 1995: genocidio, exterminio y agresión, ataques indiscriminados contra la población civil, destrucción de bienes públicos, culturales y artísticos, empleo de bombas prohibidas y realización de actos contrarios a los tratados internacionales.

El fundamento de la ilegalidad de la mal llamada guerra de Irak lo establece la Carta de las Naciones Unidas, cuando prohíbe a "los estados recurrir al uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de otros estados". Por esta razón, la agresión a Irak fue un crimen de lesa humanidad. Las razones dadas por Bush para justificarla no son de recibo; como tampoco lo fueron los pretextos previos al genocidio. La detención de Abu Abbas, el viejo líder palestino refugiado en Bagdad, no ha acreditado ninguna conexión terrorista habida con Sadam. Se trata de otra excusa, pueril y banal, reiterada hasta la saciedad por Aznar, en su monográfico discurso: y el monográfico discurso de Aznar: que Irak era la gran amenaza del mundo libre y Sadam, un nuevo Hitler, dueño de un inmenso arsenal de armas de destrucción masiva con las que iba a aniquilar a los países integrantes del eje del bien.

Simultáneamente, IC-V ultima otra denuncia contra Tony Blair y el propio Aznar para que Moreno Ocampo, fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), la someta a juicio. Pero el TPI no podrá tramitarla con respecto a Aznar mientras estén pendientes de resolución las dos del Supremo. Tampoco podrá enjuiciar a Bush porque EEUU no ratificó el Estatuto de Roma, lo que equivale, en puridad jurídica, a estar fuera de la jurisdicción del Tribunal. Bush, sagazmente, tomó esta precaución para evitar un posible proceso. Los cargos contra Blair y Aznar, que sí firmaron, debieran ser enjuiciados por el TPI por estar previstos y penados en el Estatuto de Roma de 1998. No obstante, el lector sagaz presumirá con acierto que Blair y Aznar, por razones políticas, nunca serán juzgados por el TPI. La razón es muy sencilla: el Consejo de Seguridad de la ONU es el órgano de ejecución de las sentencias del TPI. Pero al carecer de capacidad y poder ejecutivo autónomos, precisaría para llevarlas a buen fin de la colaboración de los propios estados condenados.

Esta conjetura es un absurdo. El TPI se convertirá, en la práctica, en un tribunal político que sólo ajusticiará a los vencidos. Hacer lo contrario podría provocar un inimaginable enfrentamiento de Europa con EEUU. De haber ganado Alemania la segunda guerra mundial --valga el ejemplo-- se hubiera juzgado en Núremberg al presidente Roosevelt, como responsable del lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Con respecto a la depuración de responsabilidades de Aznar por la justicia española, la hipótesis es distinta. El Supremo, al presuponer la existencia de indicios de criminalidad en la actuación del presidente, debiera procesarle como a todo hijo de vecino. Sin embargo, al ser diputado electo, Aznar tiene la condición de aforado, por lo que el Alto Tribunal tendrá que elevar primero el preceptivo suplicatorio a las Cortes para obtener su autorización. Es evidente que este privilegio permitirá a Aznar sustraerse a la acción de la justicia. Para vergüenza del pueblo que gobierna, la sinrazón de su actuación como cómplice o cooperador necesario de Bush y su obcecada disposición a mancharse las manos de sangre inocente no serán puestas en tela de juicio frente a un tribunal. Es impensable imaginar que Aznar, para evitar ser juzgado, no utilice los beneficios que la mayoría absoluta del PP le proporciona.

Pero por encima de los tribunales ordinarios existe el Tribunal de la Historia, un tribunal al que aludió Fidel Castro, con cierta premura y ligereza, en uno de sus viejos discursos. "¡La historia me absolverá!", gritó entonces. Con respecto a Fidel tal vez sea así, aunque lo dudo. Pero lo que no admite parangón con el indiscutible triunfo de su revolución es el holocausto de Irak. Es indudable que a Bush, Blair y Aznar el Tribunal de la Historia les condenará.