Esta semana la Junta Electoral Central tenía que volver a tomar cartas, y elegir el palo de bastos, para intentar corregir el papel de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (TV3, Radio Catalunya), en este caso con motivo de su parcialidad, desbordando cualquier legalidad, en la campaña para las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

Nada nuevo que no hayan estado haciendo ya directivos y ¿periodistas? desde hace mucho tiempo y que recuerda eso básico que hay que hacer en cualquier golpe de Estado o revolución, que es tomar los medios de comunicación.

Resulta que según la queja planteada por Ciudadanos ante la junta electoral provincial de Barcelona, en los medios públicos pagados por todos los catalanes se sigue tratando a Puigdemont de presidente, a los exconsejeros de consellers ya sea «exiliados» o «encarcelados» pero de consejeros en activo, cultivando el mito de que hay un gobierno legítimo en el exilio -no huido de la Justicia--, que existen «presos políticos» en vez de políticos presuntamente delincuentes, y de que hay una lista electoral, Juntos por Cataluña, encabezada por el «presidente» fugado a Bruselas para aprovechar el cacao legal; esa isla jurídica innombrable que se beneficia de los ingresos de ser capital europea pero refugio de etarras y amantes del neofranquismo catalán -un caudillo-mesías ya sea Pujol, Mas o el actual, una empresa nacional, una superioridad casi de raza--, y quebradero de cabeza en la política y seguridad europeas más de las veces.

En esta segunda llamada de atención a los responsables de los medios públicos de la Generalitat ya se advierte de posibles sanciones, e incluso medidas penales por parte de otras administraciones, dado que no hicieron caso de parecida reprimenda hecha el pasado 24 de noviembre.

Semanas atrás, en las horas previas a la posible declaración unilateral de independencia, a la que nunca di crédito de posibilidad, un amigo me advertía que no lo descartara porque sencillamente los que manejan, y muchos de los que se dejan llevar, el ‘procés’, han perdido la cabeza, están locos, y le tengo que dar la razón a ese amigo que vive en Barcelona.

Son unos locos auténticamente peligrosos, y muchos de ellos están inyectados de odio. Al mismo Puigdemont -por cierto, vuelvo a preguntar, quién paga todo esto; la fuga, la estancia, los abogados especializados en extradiciones de presuntos delincuentes-- le he oído decir con toda la rabia de que era capaz que España, y yo como español entonces, teníamos que pasar vergüenza, ‘vergonya’, cuando nos denuncien a las instancias internacionales de derechos humanos y presuntamente él tenga razón.

Son muy peligrosos. Se han educado en los peores bajos instintos durante 30 años, y hemos mirado a otro lado. Se les ha dado todo lo que pedían, y desde el principio; en la Transición, a cambio de no dar más la lata, se les primó en la representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, como así sigue ocurriendo con partidos ‘indepes’ frente a por ejemplo la enorme bolsa de votos tradicional del PCE o Izquierda Unida siempre castigada en el sistema D’Hondt.

Recuerdo ahora por eso, y celebro, aquella propuesta de Rodríguez Ibarra para dejar fuera del Congreso de Diputados a quien no tuviera un mínimo de porcentaje a escala nacional. Pero claro, este es un país de cobardes, y la sugerencia no interesaba ni a muchos de los suyos (¿cuánto cuesta a España la ‘gobernabilidad’ con votos de PNV o CiU/PdCat?). Me traslado ahora a otra cosa, dicha en este caso por Guillermo Fernández Vara a contracorriente, y es que no tenemos que pensar en un diseño territorial admisible para Cataluña, sino que realmente lo que hay que pensar, de una vez, es en un diseño para España, del que carece desde hace 25 años, cuando tras la provisionalidad democrática esto empezó a hacer aguas entre otras cosas por la corrupción a escala estatal de principios de los años 90.

Ya solo casi me conformo con que esos locos peligrosos, al que cualquier país avanzado habría puesto en su sitio desde la escuela primaria, no nos vuelvan locos a todos, no hagan más daño del mucho que han hecho. Y que la cobardía, la ceguera, la falta de análisis, la escasez de pensamiento y formación, el ‘dondevavicentismo’ de lo ‘políticamente correcto’, y la corrupción económica -Cataluña debe 76.000 millones de euros--, no minen ni un granito de nuestras convicciones democráticas y de progresismo social. Como cantaba Serrat, para la libertad sangrar, luchar, pervivir.