El Tribunal Supremo ha anulado casi todas las candidaturas municipales que se presentaban en el País Vasco y Navarra que se podía sospechar que eran continuadoras de la antigua Batasuna, hoy AuB, una organización que nunca ha condenado los asesinatos terroristas. No era complicado dictar esa sentencia a la luz de la nueva ley de partidos políticos: en las 241 listas de candidatos rechazadas aparecían de manera indisimulada buena parte de las personas que ya integraron candidaturas anteriores. AuB no ha modificado su estrategia de negar que España sea un Estado de derecho y al tiempo usar todos los recursos que lo garantizan para sacar provecho. Ahora les queda el Tribunal Constitucional. Los jueces del Supremo han tenido especial cuidado en distinguir entre personas y organizaciones. Por eso dicen que no actúan contra cada uno de los integrantes de las listas, que mantienen su derecho a ser elegidos concejales o diputados provinciales, sino por integrarse en organizaciones --con el paraguas de AuB, antes Batasuna, o de agrupaciones de electores de ideología similar-- cuyos programas van contra los principios democráticos. Esta diferenciación sienta un precedente importante.
