El presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas , actuó ayer con celeridad y tras conversar con Jordi Pujol pactó la renuncia a todas las retribuciones, servicios y tratamientos --molt honorable -- que le correspondían como expresidente. Una medida inevitable que el pacto, que incluye los cargos en CDC y CiU, ha permitido acometer rápidamente.

La comparecencia pública de Mas dio una especial relevancia a la decisión y vino a enmendar el error del pasado viernes en que el actual jefe del Govern relegó los gravísimos hechos a "una cuestión privada y familiar". Hay que respetar los sentimientos de cada cual ante un acontecimiento de este calibre, en especial en personas que, como el propio Mas, reconocen ser "hijos políticos" de Pujol.

Pero ese respeto no debe entorpecer la obligación de un servidor público de ayudar a esclarecer todos los extremos de este caso. Por eso no es aceptable que Mas afirmara ayer: "No conozco los detalles del caso ni me interesan".

Jordi Pujol ha cometido un gravísimo fraude de ley y una enorme deslealtad con sus electores y los ciudadanos de Cataluña. Ninguna confesión le exime de presentes y futuras investigaciones y de dar explicaciones en el Parlamento catalán, ante Hacienda y la Justicia. Y mucho más cuando existen suficientes indicios de que otros delitos implican presuntamente a más miembros de la familia Pujol.

Es preciso dilucidar qué conexión existe entre lo confesado por el patriarca y otros delitos que están siendo ahora investigados. Nadie, en nombre de nada, puede poner trabas a que la investigación llegue hasta el final, y los poderes públicos catalanes deben ser los primeros interesados en ello.

Dicho esto, si siempre hemos criticado que alguien pretendiera arrogarse la representación en exclusiva de Cataluña o ligar la suerte de los catalanes a su persona, no podemos aceptar ahora que las críticas al comportamiento de Pujol sirvan para descalificar a todo una comunidad autónoma, a las instituciones que la representan o a las ideas políticas de parte de sus ciudadanos. Quien crea que con este caso se da carpetazo al contencioso catalán o que se puede ningunear hoy al presidente de la Generalitat en la Moncloa, se equivoca. Que Jordi Pujol Soley haya arruinado su trayectoria política y personal no quiere decir que el conjunto de los catalanes tenga que pagar por ello.