En los años 2007-2008, es decir, al inicio de este momento histórico que aún insistimos en llamar crisis , políticos de diversas ideologías en el poder o en la leal oposición, y desde todas partes del planeta se lanzaron a proclamar que habíamos sufrido un colapso económico con raíces financieras y ante el cual había que reaccionar mediante el cambio de modelo productivo (sin, claro, atreverse a definir qué se entiende bajo este nebuloso concepto). De modo que se puso el foco en las denominadas energías verdes, las energías renovables, como uno de los sectores puntales de la Nueva Economía (así, en mayúsculas). Razones había para ello: un sector poco explotado con muchos países con alta dependencia energética de los hidrocarburos, alta capacidad de generar empleo, respeto medioambiental... verá el lector que, además, contenía todo el argumentario para que, desde el sector público, se frotasen las manos vendiendo las bondades de una apuesta por las renovables.

Que fuera pasto de eslogan mitinero ciertamente no restaba un ápice del potencial real de las energías renovables como motor de crecimiento económico y, sobre todo, para la creación de empleo y atracción de la inversión. Suena irresistible, ¿verdad? Así, envuelto en parabienes, todos nos preguntaríamos, con cara de póquer, como ante esas ofertas comerciales con agresiva y escondida letra pequeña, "¿dónde está el truco?".

En el coste. En España las primas a las energías renovables (que son las que lo hacen rentable) son financiadas por el sector público y derivadas por las eléctricas en la factura que cada uno abonamos por nuestro consumo eléctrico. Sin prima no son sostenibles. En tiempos de ajuste como estos, parece razonable la moderación de las primas a estas fuentes de energía. He usado con intención moderación , que no la supresión que en forma de Real Decreto ha llegado al sector (bajo la denominación, para mí eufemística, de moratoria); no es defendible que se den bandazos en la regulación de un sector supuestamente clave para la economía española, en un país con una dependencia energética exterior que supera el ¡82%!

Hacen bien desde la Junta de Extremadura en defender en Madrid que haya diferenciación de la aplicación de esta nueva norma, que se parece peligrosamente al pagar justos por pecadores. En Extremadura, el potencial económico que tienen algunas renovables, como la biomasa, es estratégico. Habrá que pedir a nuestros políticos que no cejen en ese empeño.