Observamos que de forma casi diaria aparecen cartas al director criticando las supuestas prebendas que disfrutan el personal funcionario, al referirse a tópicos sobre horas de entrada y salida, desayunos alargados, cañeo en horas de trabajo... Lo curioso es que un responsable político como el consejero de Administración Pública y Hacienda no sale en defensa del trabajo de los profesionales que dirige. Como delegados de CCOO en la Junta de Personal de los Servicios Centrales de la Administración autonómica, y observadores activos del trabajo que diariamente realizan más de 3.000 empleados en Mérida, nos gustaría explicar a la ciudadanía brevemente los cuatro tipos de personal que existen en la Administración para poder desmontar algunos tópicos, diferenciando entre aquellos que defienden intereses partidistas, una minoría, y el resto, que intenta ofrecer un servicio público de calidad aunque no tenga poder de decisión y que en muchas ocasiones encuentra obstáculos de todo tipo a su labor cotidiana por parte de quien no debería, incluyendo amenazas.

--Altos cargos, dícese de personal con sueldos millonarios nombrados a dedo por el partido que gobierna que no tienen necesidad de cumplir requisito de titulación alguna (consejeros, secretario general, director general, etcétera).

--Personal eventual. Es el que forma parte de los gabinetes de los consejeros, nombrado digitalmente (jefe de gabinete, asesores, secretario particular, conductores y otros varios); en estos casos tampoco se les exige requisitos de titulación alguna ni superar ningún examen o prueba.

--Personal de libre designación. Funcionarios de carrera (jefes de servicio o secretarios de altos cargos) que acceden a uno de estos por dos vías, por comisión de servicios eternamente provisional , o por concurso público restringido , en el que pueden participar todos los funcionarios que cumplan los requisitos y que, además, sean considerados como candidatos más idóneos .

--El resto de empleados públicos. Personal propio de nuestra administración, ya sean laborales, temporales o fijos, o funcionarios interinos o fijos. Somos la inmensa mayoría y accedemos a la plaza después de superar un proceso muy selectivo, al que se presentan miles de aspirantes. La mayor parte pertenecemos a los grupos C, D y E en funcionarios y III, IV y V en laborales y recibimos un salario medio que oscila entre 900 y 1.200 euros mensuales, sin posibilidad de cobrar horas extraordinarias ni recibir gratificaciones discrecionales, y por supuesto sin ver en la nómina el aumento de riqueza nacional en los años de bonanza.

XACLARADAS LASx las tipologías y las formas de acceso, la pregunta sería: ¿quién se responsabiliza del buen funcionamiento de los servicios públicos de Extremadura? Sin duda, el presidente de la Junta y los consejeros, junto a los altos cargos, nombrados entre afiliados o simpatizantes sin profesión conocida. En este nivel está el verdadero problema, ya que esta Administración funciona como un reino de taifas, sin unos criterios objetivos en el control del gasto, ni en la creación de puestos.

Como botón de muestra baste observar las barbaridades que altos cargos están cometiendo con fondos públicos (las oposiciones del cuerpo superior de Administración Financiera han quedado desiertas y se ha convocado otro proceso selectivo de lista de espera para cubrir plazas vacantes). A nuestro parecer, la responsabilidad en este caso es del consejero, pero en lugar de asumirla directamente responde de forma genérica en la sección de cartas al director haciendo caso omiso al clamor popular surgido por la gestión realizada por el tribunal del Cuerpo Administrativo. Sería bueno para los lectores interrogarse sobre quién fue el presidente del tribunal que examinó al actual consejero de Administración Pública y Hacienda cuando aprobó la oposición de titulado superior, por turno libre, en la que previamente tuvo que dimitir de alto cargo, aunque días después le hiciesen un contrato en una de las áreas de salud del SES.

Si es necesario cesar a los tribunales que hacen una mala gestión en los procesos selectivos, deberían tomarse decisiones valientes y no escudarse en la soberanía de estos tribunales para justificar barbaridades con las que el opositor se está encontrando de una manera demasiado frecuente y reformar un sistema de acceso a la Administración que en pleno siglo XXI no funciona como debiera.