Más de un millón de personas se sumaron tanto a la manifestación contra la guerra de Barcelona como a la de Madrid. Pero en este segundo caso el éxito de convocatoria se produjo a pesar de la actitud obstruccionista de los responsables de los transportes públicos madrileños --ayuntamiento, comunidad autónoma y Gobierno--, que decidieron mantener dentro de la más estricta normalidad los servicios de metro, autobús y tren de cercanías. Si hace unos cuantos días el presidente de la Xunta, Manuel Fraga, decidía que Galicia no acogiese los premios Max para no subvencionar a quienes le criticarían por el Prestige, esta vez tres administraciones gobernadas también por el PP han tomado una decisión que comparte la misma visión patrimonializadora del Estado, al servicio de los intereses más inmediatos del partido del Gobierno. Si no se entiende que los servicios públicos han de estar al servicio de todos los ciudadanos, y más si es para que hagan uso de su libertad de expresión y manifestación, no es de extrañar que tampoco se tome nota del mensaje que la calle le hizo llegar al Gobierno y se recurra a las viejas, gastadas y ofensivas excusas de que los manifestantes marcharon manipulados.