XExn tiempos que, probablemente, la mayoría de los lectores de este periódico sólo conocerán por lo que hayan oído a sus mayores o por algunas series de televisión, manifestarse públicamente en España por motivos políticos constituía, salvo que se hiciera en la plaza de Oriente y a gastos pagos, un grave riesgo del que no siempre se salía indemne. El simple hecho de pedir en las calles libertad, o que se respetaran derechos hoy tan indiscutibles que vergüenza debiera dar recordarlos, suponía para quienes lo hicieran la posibilidad, convertida en realidad en miles de casos, de ser conducidos ante una mal llamada justicia y ser severamente castigados por tribunales de infausta memoria, como el ignominioso de Orden Público .

Me parece pertinente escribir lo anterior porque por un momento he creído regresar al pasado cuando he leído en la prensa que el fiscal general del Estado, señor Cardenal, ha ordenado cursar las denuncias presentadas por el PP, el antiguo partido del Gobierno, por las manifestaciones celebradas el pasado día 13 de marzo ante muchas de sus sedes. Por razones que no vienen al caso, uno mismo no pudo asistir a la que se celebró en Cáceres, pero no alcanzo a comprender en qué tipo de delito hubiera incurrido de haberlo hecho. ¿Se agredió a alguien? ¿Se impidió el ejercicio de alguna libertad a terceros? ¿Qué derechos constitucionales quedan en suspenso durante la ´jornada de reflexión? Veo una fotografía en estas mismas páginas en la que el cartel que portan los manifestantes, justamente indignados por la contumaz resistencia de los portavoces gubernamentales a reconocer lo que ya era evidente --la autoría por parte de terroristas conectados con al Qaeda de los inhumanos atentados de Madrid-- reza: "Por la democracia. PP, di la verdad". ¡Caramba! ¿Va a resultar subversivo a estas alturas salir en defensa de la democracia y de la verdad?

Reconozco, ciertamente, que no es muy presentable que algunos representantes públicos, como parece que ocurrió, hagan uso de un teléfono pagado por todos los contribuyentes para contribuir al éxito de esa manifestación, pero ¿acaso quienes acudieron a la misma violentaron , como ha dicho el felizmente jubilado Aznar, la voluntad de quienes reflexionaban? ¿Forzaron a alguna indefensa viejecita a meter al día siguiente en la urna una papeleta distinta de la que quería meter? No, francamente. Más bien pienso que si la fiscalía quisiera sancionar a los responsables del vuelco electoral (lo pongo en condicional, pues seguro que no es eso lo que quiere el señor Cardenal ) habría de hacerlo con quienes reiteradamente pretendieron negar la evidencia, habría de castigar a quienes no entendieron que acaso millones de jóvenes pasen de política, pero no son indiferentes a la mentira. Habría de buscar entre quienes despreciaban con chulería a los millones de españoles que se colocaron tras una pancarta con motivo de la ilegal e injusta guerra de Irak (donde hubo decenas de miles de víctimas tan inocentes como las de Madrid) y hoy aún intentan, vanamente, recomponer el gesto que se les quedó el 14-M.

De modo que, concluyendo, uno mismo también se hubiera manifestado. Pacíficamente, sin agredir a nadie, sin obligar a nadie a renegar de sus ideas. Por la democracia, por la verdad y, visto lo visto, acaso también por una justicia independiente en la que los fiscales generales, más que a la defensa de los intereses de quien les haya nombrado, se dediquen a la de los derechos de todos los ciudadanos.

*Profesor