La campaña electoral vivió ayer un episodio inesperado: el edil de Coria elegido en las listas de Ceoec y ahora independiente, Juan Pablo Simón, y el PP, acusaron al concejal socialista José Antonio Mahíllo de haber intentado sobornarlo para que votara en blanco la investidura del alcalde Joaquín Hurtado con la promesa de que le pagaría 50 millones de pesetas y de que el sobornado haría obras de la Junta. Ese voto en blanco le hubiera dado la Alcaldía al PSOE.

El asunto es serio. Mahíllo ya ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil contra el PP por injurias. Y precisamente porque el asunto es serio, es inadmisible la forma en que, primero el concejal y luego el PP, en cuyo partido va de candidata la esposa del edil, han hecho esa denuncia. Y es que un episodio que el cabeza de cartel cauriense, José Manuel García Ballestero y el propio Carlos Floriano, califican de "gravísimo" no puede haber estado escondido 4 años, salvo que el interés de quien lo oculta no sea el que debería exigírsele: denunciar hechos presuntamente delictivos y no, como no queda más remedio que pensar, utilizarlos para sacar un rédito político al sacarlo a cuatro días de las votaciones. No se sabe si tras esta denuncia hay o no un delito, lo que sí estamos en condiciones de juzgar, porque sí se sabe, es que el rigor es imprescindible para que una denuncia sea creíble. Y aquí no lo ha habido.Simón tuvo que ir al fiscal en cuanto oyó la conversación. Y no lo hizo. Y el PP debió ofrecer ayer a los periodista la grabación íntegra de la supuesta conversación del soborno. Y tampoco lo hizo.Sólo puso a disposición de los informadores fragmentos de ella. Son circunstancias que invitan a pensar que aquí hay, sobre todo, una maniobra electoral. No un acto de justicia.