Las familias de dos internos en el centro de menores Marcelo Nessi han denunciado que han sido sometidos a malos tratos. Una de esas denuncias está siendo ya investigada por el juzgado desde agosto. Se trata de la presunta agresión sufrida el mes anterior por Ceferino Vázquez Guerrero, de 19 años. La otra denuncia aún no ha llegado a los tribunales porque la familia trata de recabar datos antes de hacerlo. En este caso, la víctima sería José Antonio R.M., de 17 años, de quien su familia dice que en las últimas semanas ha sido atado, golpeado y sedado en el citado centro; y que incluso ha intentado cortarse la venas sin que se les informara de ello.

No es la primera vez que los familiares de los internos en esta institución han hecho llegar a los medios de comunicación sus quejas sobre el trato que se les da. Sin embargo, esas denuncias han sido recibidas hasta ahora con sordina. Pero el vídeo difundido ayer, accesible en la web de este periódico, y en el que se aprecia como tres vigilantes agreden a Ceferino Vázquez mientras este lleva las manos esposadas a la espalda, ha servido de espoleta para que no haya más remedio que poner bajo sospecha los procedimientos de reducción de los internos que se practican en ese centro, al que hay que someter a investigaciòn para ver hasta dónde están extendidas este tipo de conductas. Y es que las imágenes, aunque sean de mala calidad, no dejan lugar a dudas: la agresión es incuestionable. Tanto que remiten a otra imágenes de siniestras comisarías en países no democráticos.

Justamente eso es lo que llama la atención del vídeo: que no parece que recoja unos hechos que han ocurrido en Extremadura. Mucho menos dentro de una institución cuya gestión corresponde al gobierno regional. En este sentido, se esperaba más de las medidas disciplinarias adoptadas por la consejera Lucio. No basta con trasladar de módulo al vigilante que repetidamente golpea con la porra a Ceferino Vázquez: los hechos son lo suficientemente graves como para que el castigo debiera haber sido extraordinario. Con independencia de lo que luego diga el juzgado.

La sensibilidad democrática de un gobierno salido de las urnas como es el que gestiona el Marcelo Nessi debería sentirse lo suficientemente herida como para haber tomado medidas inmediatas y, como mínimo, haber apartado del centro a ese vigilante, a los que le ayudan y a los que toleran estos comportamientos si es que no son aislados. Y es que de ningún modo se puede ser tímido o indeciso en la persecución de estas conductas. Sino al contrario: enérgicos y contundentes, porque en esa energía y en esa contundencia va nada menos que la defensa de un sistema de valores en el que no caben los malos tratos en comisarías, prisiones o centros de internamiento de menores. La consejera ha actuado en la buena dirección, poniendo los hechos en conocimiento del juzgado, pero se ha quedado a medio camino. No es suficiente, porque informar al juzgado es lo que toca hacer: lo contrario sitúa a quien tiene esa obligación en el campo del encubrimiento. Hay que ir más allá y castigar a los responsables ejemplarmente para que en el futuro el Marcelo Nessi quede a salvo del oprobio en que lo han colocado quienes agredieron a Ceferino Vázquez.