No era difícil que se cumplieran los peores presagios: el Prestige ya anida en las profundidades atlánticas sin dejar de amenazar el equilibrio ecológico con sus vertidos de fuel. Los pescadores y mariscadores gallegos se desesperan y el Gobierno español sigue impertérrito en su explicación de que había que elegir entre soluciones siempre malas y que la opción de transportar al petrolero hasta alta mar a riesgo de que se rompiera no era la peor. En todo caso, los resultados de una operación que hubo que improvisar están por ver. Pero el desastre ecológico requiere una reacción política ante el desinterés que también ha demostrado la Unión Europea, desde los eurócratas de Bruselas hasta los gobiernos de los Quince.

Todos los esfuerzos para paliar las consecuencias inmediatas del naufragio del petrolero sin papeles merecen apoyo. Pero como no estamos ante un suceso nuevo, también es hora de revisar todo lo que se ha hecho hasta ahora en materia de seguridad en el litoral español y europeo, más allá de la reclamación de responsabilidades judiciales. Hay que ser más contundentes en la defensa de nuestras costas, así en Galicia como en Bruselas.