El desdichado caso de la niña onubense Mari Luz, que movilizó a la sociedad española, conmovida por su desaparición inexplicable y llena de los peores presagios, ha desembocado en una situación de rabia y de perplejidad. Rabia al conocerse las circunstancias aproximadas en que murió la pequeña y la personalidad del presunto asesino, Santiago del Valle, con varios episodios a sus espaldas de abusos sexuales y una conducta continuada de pederastia. Y perplejidad al saberse que Del Valle está condenado en firme por un juzgado de Sevilla por los abusos que infligió a su propia hija con la complicidad de su mujer, madre de la pequeña, que ha ingresado en un hospital psiquiátrico.

Por unas circunstancias incomprensibles y que serán objeto de una investigación para depurar responsabilidades, el condenado no ha ingresado en prisión para cumplir su condena. Con independencia de lo que determine la citada investigación --que la vicepresidenta De la Vega se ha comprometido a impulsar para que "todo el peso de la ley caiga sobre los responsables del terrible error judicial"-- los datos ya conocidos sobre las circunstancias que han hecho posible ese "terrible error" causan asombro y, sobre todo, ponen en entredicho que se trate de una sola conducta negligente y no de una situación que la ampara.

No es posible que tras el incumplimiento de la condena de Del Valle se encuentre únicamente la situación de baja laboral de una funcionaria que no fue sustituida y que no emitiría la orden de busca y captura, como ha señalado el juez Rafael Tirado, que condenó al acusado en el 2002, condena que devino firme tres años después. No es posible porque el presunto asesino de Mari Luz ha seguido teniendo causas pendientes con la justicia y desde el año 2006 cumplía el requisito de presentarse cada quince días en un juzgado por otra causa de abusos a una menor. Es decir, Del Valle no estaba en paradero desconocido para la Administración de Justicia: se presentaba a ella periódicamente. No es, por tanto, la circunstancial baja por enfermedad de una funcionaria la que ha hecho posible el escándalo, aunque haya sido su primer eslabón, sino el que este caso pone de manifiesto que esa administración es un queso gruyere, con demasiados agujeros, demasiada descoordinación, demasiada burocracia inútil y demasiados compartimentos estancos, en los que unos practican unas diligencias y toman unas decisiones y los de al lado las ignoran o no reciben esa información. Porque en este asunto hubiera bastado una información coordinada sobre la situación procesal de Santiago del Valle y sus cuentas pendientes para que ingresara en prisión al primer contacto que hubiera tenido a raíz de la sentencia firme del año 2005.

No estamos ante una situación debida a que la ley sea injusta ni blanda: el presunto asesino de Mari Luz hubiera seguido en libertad aunque en lugar de condenarlo a 2 años y 9 meses de prisión por abusar de su hija se le hubiera condenado a 10. Son extemporáneas las peticiones de endurecimiento de penas para este tipo de delitos; no son los momentos emocionales los mejores para tomar este tipo de decisiones. Las que hay que tomar sin demora van encaminadas a que un caso como este --esta cadena de errores y negligencias que llena de oprobio a la Administración de Justicia-- no vuelva a repetirse.