El 11-M, lejos ya de la dramática sacudida por la pérdida de vidas inocentes, ha traído como consecuencia la reforma para un mayor control del uso de explosivos. Más de 200 empresas extremeñas dedicadas a la explotación de la piedra o la extracción de áridos se verán afectadas por una medida que hoy se antoja necesaria. La decisión del Ejecutivo no ha sorprendido a nadie, porque nadie es ajeno al desastre.
