La lucha contra los incendios forestales se libra en muchos frentes. En el de la educación (hay que concienciar a la gente para que sepa la inmensa pérdida social que supone la destrucción de un bosque); en el de la prevención (la limpieza de pastos, la construcción de cortafuegos, la vigilancia); y también en la persecución de los responsables, como ayer ponía de manifiesto este periódico con la información en la que se recogían las críticas de la asociación ecologista Adena sobre las carencias de investigación de los incendios en nuestra región.
La Delegación del Gobierno reconocía que el 70% de los incendios que se declaran no se esclarecen y, al mismo tiempo, eximía de responsabilidad en esta situación, seguramente con justicia, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Pero esa exención de responsabilidad de los efectivos que velan por nuestros bosques pone implícitamente de manifiesto que, si bien los que hay son buenos y hacen su trabajo con dedicación y entrega indudables, son pocos y no dan abasto para hacer frente a este problema.
Las estadísticas son elocuentes sobre la falta de medios: de los 180 incendios declarados entre el 1 de enero y el 29 de julio de este año sólo 55 se han aclarado y sólo se han registrado dos detenciones, habiendo denuncias sobre 141 de ellos. Además, el origen de 111 siniestros de esos 180 permanece desconocido para la Administración, habiendo pruebas de que han sido intencionados únicamente cuatro.
No hay mejor caldo de cultivo para que algunos prendan el bosque que saber que su fechoría tiene muy altas probabilidades de quedar impune. Lo ocurrido el último verano, en el que Extremadura sufrió un drama de dimensiones históricas, tendría que alertar a todas las instancias que tengan alguna responsabilidad en la lucha contra los incendios para poner los medios necesarios que impidan la comisión de estos delitos, mediante la disuasión que significa saber que los culpables serán castigados con dureza.
