WEw l Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en su reunión de hoy la reforma de la ley concursal, la que rige lo que antes se llamaba suspensión de pagos. La nueva norma pretende, sobre todo, dar más agilidad a estos procesos jurídicos (a veces, la propia demora en resolverse en los juzgados es un elemento tan perjudicial como las circunstancias que lo han provocado) y para que las compañías con problemas puedan reestructurarse con más facilidad evitando así su cierre y la destrucción del empleo que supone.

Este cambio forma parte del paquete de medidas que ayer anunció el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Congreso de los Diputados. Se trata de la última entrega del cambio en la política económica gubernamental que se inició con las primeras medidas de ajuste de mayo, siguió con la crisis de Gobierno de octubre y se completa ahora con una relación de casi 20 objetivos. El propósito del Gobierno es abordar los próximos 15 meses con un calendario de reformas con las que hacer frente a la crisis, y que consisten en casi todos los casos en apoyar la actividad económica --como ocurre con las rebajas fiscales de las inversiones productivas, también anunciada por el jefe del Ejecutivo--, para cortar la hemorragia de la destrucción de empleo y fomentar su creación.

El anuncio coincide con las nuevas turbulencias que sacuden las cotizaciones de la deuda soberana y dificultan la financiación de los estados, así como con algunos mensajes emitidos desde Bruselas y dirigidos a Madrid para que dé más señales de firmeza.

De la misma forma que los ajustes del pasado mes de mayo coincidieron con la crisis financiera griega, el nuevo calendario se presenta cuando una nueva tormenta se cierne sobre Irlanda, cuyo gobierno admite ya que va a necesitar algún tipo de socorro.

José Luis Rodríguez Zapatero lanza el mensaje a los mercados y a las instituciones internacionales de que, aun a riesgo de incomprensión por su base electoral, se esfuerza por sanear las finanzas públicas y acomete las reformas necesarias. El Gobierno pondrá fechas a todas ellas, y, quizá animado por los pronósticos de la OCDE, asegura que, si no obtiene consenso, las acometerá en solitario. El organismo internacional dio a conocer ayer sus previsiones de déficit público español para el 2011 (6,3%), solo tres décimas por encima de la meta que se ha trazado el Gobierno para llegar al 2013 con el 3% de rigor. Y para este año, la OCDE anuncia una contracción del Producto Interior Bruto del 0,2%, cuando la previsión del propio Gobierno es del 0,3%. Un pequeño balón de oxígeno en medio de los vaivenes que vendría a respaldar, como ayer dijo Elena Salgado, la política económica que desde mayo se aplica en España.