Si el Gobierno se reúne en sábado, como pasó anteayer, al margen de las agendas internacionales se debe a que hay medidas que no deben demorarse más en el tiempo. Todas ellas vinculadas al sin duda alarmante deterioro de los principales indicadores de la economía española, como la caída a mínimos del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) desde el pasado verano, y su consecuencia inmediata, las cifras del paro escalando en las estadísticas hasta niveles de hace diez años.
Hace unas semanas, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero admitió que su programa de actuación económica iba a dar prioridad a la doble crisis que afrontamos: la global, generada en Estados Unidos con un presidente electo, Barack Obama, que tiene también como reto la situación económica, y la propia, centrada en la pérdida de empleo, primero en la construcción --por la burbuja inmobiliaria que se ha producido en nuestro país-- y después en buena parte de la industria y los servicios, por la falta de liquidez.
Para paliar sus consecuencias en la economía real --las empresas y las familias-- desde mediados de octubre el Gobierno socialista se comprometió a crear nuevos incentivos para afrontar el periodo recesivo en el que nos encontramos.
Las líneas elegidas para ello son dos: que quien esté parado, con familia dependiente y haya comprado un piso durante estos últimos años, pueda reducir su hipoteca con la entidad financiera temporalmente, a través de un aval del Estado si no puede pagar; y que aumenten las ayudas públicas tanto por contratar a parados como para que estos decidan hacerse autónomos.
En cambio, falta por concretar, y no debería ser tan difícil hacerlo, las medidas de ayuda a la creación de empleo en los sectores vinculados al I+D. No se pueden aplicar, como muchas otras propuestas, porque es necesario el pacto social de sindicatos, patronal y de la propia Administración central. Pero ante la que está cayendo, resulta adecuada la siguiente y obvia pregunta: ¿no es hora de acelerar de una vez por todas este proceso?
El Gobierno también ha confirmado su compromiso de apoyo a las entidades financieras españolas, a las que avalará para que puedan seguir pidiendo dinero prestado en los mercados internacionales. Es una decisión de más calado de lo que parece, aunque debe concretarse las próximas semanas, dado que para salir del colapso de las empresas faltadas de liquidez antes debe restablecerse la confianza en el sistema interbancario europeo.
El vicepresidente del gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, ya avisó el pasado sábado de que la incertidumbre en los mercados de capitales --que supone no prestar ni siquiera a empresas o países solventes-- deja un margen de maniobra escaso a los gobiernos.
Un desafío añadido, sin duda, pero que no debe ser excusa para no seguir buscando medidas eficaces contra la crisis.
