Ayer empezaron a celebrarse en toda España los denominados juicios rápidos, lo que permitirá tramitar en un par de semanas los procesos por los delitos menos graves, que hasta el momento se eternizaban y a la vez colapsaban los tribunales. En el caso extremeño, el arranque ha estado salpicado de algunos problemas operativos ya anunciados con previa antelación por los responsables del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, similares a los que asistieron la mayoría de los funcionarios de los juzgados españoles en el arranque de esta nueva etapa.
El principal problema reside en que el Ministerio de Justicia ha elaborado una norma que a los primeros que ha pillado fuera de juego ha sido al propio personal que trabaja en la función pública. Al margen de las reivindicaciones lógicas de los primeros días, la aplicación de una legislación innovadora en cualquier segmento de la sociedad debe conllevar una dotación, en este caso económica, para poder afrontar el proceso con garantías, sobre todo si se trata de un poder, el judicial, que presenta carencias estructurales de tiempo atrás. Al igual que cuando se transfiere una competencia a una comunidad autónoma, la aplicación de esta nueva norma debe tener como denominador común un presupuesto ajustado a la realidad.
