Las reformas legales aprobadas durante la última legislatura, con condenas más largas y sin redención de penas, incrementarán, con toda seguridad, la población reclusa, que en Extremadura asciende a 1.139 presos, en torno al 2% del total nacional. Pero hasta ahora las reformas han sido un fracaso de la política policial y penal, que debería ser preventiva y rehabilitadora y no lo está siendo.
Entre los problemas detectados en los dos centros penitenciarios extremeños, que no son exclusivos de éstos, están tanto la masificación como la escasez de personal que los atienden. Los sindicatos reclaman un plan de choque urgente para paliar estas carencias y para ello recuerdan al Gobierno que el programa electoral del PSOE recogía la necesidad de renovar las cárceles atendiendo a una previsión razonable de la evolución de la población penitenciaria. Y aunque la Junta no tiene competencias en la materia, al menos hay que reconocer que está dando pasos por humanizar las prisiones. El convenio firmado ayer con la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura para ayudar a los reclusos y exreclusos es una buena prueba de ese talante, que ahora debe ser refrendado con un plan gubernamental y una nueva política penitenciaria.
