La gestión de los antiguos responsables del PP del Ayuntamiento de Mérida sigue deparando sorpresas, algunas ya preocupantes. Hace días fue el destino de fondos de la Gerencia de Urbanismo, órgano que pagaba facturas de una paellada, unas sopas de tomate o el coste de una pista de hielo; o la cesión de suelo público sobre el que el Registro de la Propiedad duda de que lo sea. Ayer se difundió que el exgerente de la empresa de transportes, Prudencio González, tenía un contrato blindado que le aseguraba una indemnización equivalente a 45 mensualidades (266.519 euros) para el caso de que fuera despedido en los dos años siguientes a partir del mes de abril, en que el contrato se registró en el Sexpe. Por si fuera poco, el salario de González pasó de 2.629 euros mensuales a 4.925, una subida de casi el 100%. Para calibrar el blindaje basta recordar que la indemnización mayor a un trabajador prevista en la legislación es de 45 días por año trabajado en caso de despido improcedente.
El pasado domingo, este diario afirmaba que de las revelaciones sobre facturas de la Gerencia de Urbanismo se desprendía, al menos, que había desorden en la gestión de los fondos públicos. Ahora el caso es más grave: en el contrato del exgerente de la empresa de autobuses hay una voluntad de exprimir las arcas del ayuntamiento, según se explicita en la cláusula quinta del mismo. Ese contrato era conocido por el gobierno municipal de Pedro Acedo, que ya tiene una razón más para dejar de guardar el clamoroso silencio que mantiene hasta ahora y empezar a explicar con qué criterios ha manejado el dinero de los ciudadanos durante su mandato al frente del consistorio de Mérida.
