El Ayuntamiento de Mérida vive momentos de grave zozobra. El atentado sufrido por la concejal de Hacienda y Turismo Gloria Constantino y otras personas de manos de autores todavía desconocidos y con una incuestionable voluntad de hacer daño, constituye antes que cualquier otra cosa una brutal agresión a la intimidad de los que han tomado como víctimas --si las fotos colgadas en internet fueran verdaderas--, y a su honor si fueran falsas. Pero también es un ataque a la paz que necesita el consistorio para gestionar los intereses públicos con el sosiego que los vecinos demandan que se haga. Porque aunque las víctimas fueran ciudadanos privados, lo que pretenden quienes han llevado a cabo este acto execrable es provocar una crisis sin precedentes en el ayuntamiento de la capital autonómica. Y lo han hecho utilizando procedimientos propios de la Mafia. Por esta razón, mal harían los emeritenses --y todos los extremeños, porque ya es un asunto que ha trascendido la ciudad-- si se quedaran con la versión morbosa del suceso antes que con la de que alguien, sin presentarse a las elecciones, está tratando de poner en jaque a todo un ayuntamiento como el de Mérida. En este sentido, lo que le ha ocurrido a esta concejal y a otras personas sin proyección pública en la ciudad se parece demasiado a esas conductas que se ven en países en donde los grupos de intereses, organizados y brutales, irrumpen en la vida ciudadana con impunidad y alevosía. Impedir que estas conductas proliferen es una responsabilidad que no compete sólo a los partidos. La convivencia en paz y en libertad no la otorgan sus dirigentes ni sus estructuras, ni a ellos corresponde exclusivamente su defensa. Es tarea, diaria, de todos.

Por ello la actitud de la oposición socialista en el ayuntamiento, poniéndose de parte de las personas ultrajadas, manifestándoles su solidaridad y comprometiéndose a apoyar a la mayoría del PP en estos momentos --con independencia de que haga una crítica a la situación del consistorio legítima, como lo hace el portavoz del PSOE en la página siguiente a ésta--, salva a la política de caer en las tentaciones fáciles de aprovechar cualquier debilidad del adversario para sacar ventaja. Angel Calle y sus compañeros de grupo han demostrado con su actitud que saben ver que la lucha partidista tiene reglas y que no observarlas empobrece la democracia, aunque pudiera otorgar efímeros réditos políticos.

Estando las cosas como están, cabe hacerse dos preguntas: ¿cuándo logrará la Guardia Civil dar con los autores de estos delitos para que las víctimas de los mismos empiecen a dormir tranquilas? La denuncia se presentó el pasado 2 agosto. El alcalde Pedro Acedo tiene razón en quejarse de la lentitud de la investigación, que avanza en lo que toca a cerrar páginas donde aparecen las fotos, pero no en prender a los culpables. Y, sobre todo, una pregunta cuya respuesta daría para otro comentario editorial: ¿qué es lo que está pasando en la vida política de Mérida?