El Tribunal Constitucional falló ayer, después de cuatro años de uno de los recursos más controvertidos de su historia, el del nuevo Estatuto de Cataluña, que había sido aprobado por el Parlamento catalán, por las Cortes y por los catalanes en referendo. De entre los inconstitucionales destacan los relativos a la preeminencia de la lengua catalana frente al castellano; los que hacen referencia al Consejo de Justicia de Cataluña, que se constituye como un gobierno de los jueces propio de la comunidad, y el que establece que los recursos financieros de la Generalitat podrán ajustarse para que la financiación nacional disponga de recursos para servicios esenciales, es decir, dando prioridad a la financiación de Cataluña frente al resto. Ante el fallo cabe decir que los preceptos recurridos son de sentido común. Como también lo es el no modificar el preámbulo ni el término nación puesto que, al estar situado en la parte no normativa del texto no tiene más que valor simbólico.
Más que al propio fallo son de temer las reacciones al mismo: el PSOE habla de derrota del PP porque de los 114 artículos impugnados han superado la prueba cien; el PP, por el contrario, de la pertinencia de su recurso, y para los partidos catalanes, la decisión del TC merece protestar en la calle. Se echa de menos una actitud prudente de acatamiento y de no dar ni una sola oportunidad a que el fallo enturbie ni siquiera someramente la convivencia. Esa actitud, la de mirar hacia adelante y no dejar que nada empañe la convivencia, no tiene quien la avale.
