La encuesta que este periódico publicaba hace unos días concluía que el 48% de los catalanes es partidario de la independencia. No andará muy lejos el porcentaje de vascos que opina lo mismo. En ambos casos, el colectivo de ciudadanos que se plantea la separación de España como opción política prioritaria es más reducido. Pero lo relevante es que el sentimiento independentista es mucho más amplio que el que se registraba hace un par de décadas. Esa realidad va a condicionar necesariamente, y mucho, la política española en el futuro: se ha dicho que si los flamencos deciden romper con Bélgica, la exigencia de la independencia catalana y vasca surgiría como una demanda urgente e imparable.

De otro lado, se consolida, entre los políticos de todos los colores y entre la gente corriente, la idea de que hay que recortar las competencias de las demás autonomías. Al calor de la crisis son cada vez más los que piensan, y los que dicen, que no tiene sentido el dispendio y la ineficacia que suponen 17 miniestados --que, además, no dejan de crecer-- y otros tantos sistemas educativos, sanitarios y demás. Por no hablar de las ya ni se sabe cuántas cadenas autonómicas de televisión. Tanto juntos como separados, ambos fenómenos --el crecimiento de los sentimientos independentistas y la necesidad de dar marcha atrás en la hiperdescentralización-- expresan algo muy serio: que el modelo creado en la Constitución y su posterior desarrollo ya no sirven y que de nada vale referirse a ellos si no es para modificarlos de manera sustancial.

Pero tan grave como eso es que en los círculos políticos, intelectuales y periodísticos de la capital del Estado --formados en buena parte por personas que no han nacido ni crecido en Madrid-- solo una minoría, casi inapreciable, parece preocupada por lo que se está cociendo entre los catalanes o entre los vascos --en este capítulo solo se habla de ETA y se recuerda al PNV, la gran reserva del soberanismo, únicamente cuando tiene que votar tal o cual decreto de Zapatero --. O de la necesidad de fraguar soluciones concretas al problema del desmadre autonómico.