E harto sabido que entre Rodríguez Zapatero y Rajoy no hay buenas vibraciones. No hay manera de que se pongan de acuerdo en tema alguno. Pero para hacer honor al refrán, también esta regla tiene excepción. Nerviosos ante la reticencia de las cajas a fusionarse y el próximo vencimiento del plazo concedido por Bruselas a las ayudas que pueden concedérseles, el 5 de mayo ambos mantuvieron una reunión en la Moncloa que terminó con fumata bianca . Convinieron en dos puntos. Primero, hacer lo posible para eliminar obstáculos a las fusiones que el Banco de España exige como requisito para conceder las ayudas precisas para superar sus posibles problemas de liquidez e incrementar los recursos propios. Segundo, promulgar una reforma de la legislación vigente para hacerlas más independientes de las instancias políticas y además conseguir un aún mayor refuerzo de su coeficiente de recursos propios mediante la colocación de cédulas participativas que se harán más atractivas gracias a gozar de derechos políticos. Es muy posible que los buenos oficios de Isidre Fainé , recién nombrado presidente del organismo que agrupa a estas entidades financieras, hayan jugado un papel determinante en la superación de la inquina que enfrenta a los dos líderes políticos.

XEN EFECTOx, el Banco de España, convencido de que el sector sufría de un exceso de capacidad, impuso como condición para acceder al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) una previa fusión entre entidades, con el consiguiente cierre de oficinas y el despido de personal redundantes. Han pasado cerca de 10 meses y por ahora el importe del fondo está intacto, si bien ya hay unos cuantos procesos de fusión en marcha que, a trompicones, van a alcanzar su fin. El escaso entusiasmo de las cajas y de los gobiernos autonómicos ante el afán por concentrarlas es más que evidente.

Parece que un tercio de las cajas está dispuesto a renunciar a cualquier ayuda pública a cambio de mantener su personalidad. Es una actitud que les va a exigir sacrificios en los próximos años, como restringir la actividad crediticia y deshacer operaciones que entrañen un consumo excesivo de recursos propios. Saben que el FROB tiene un coste elevado tanto por el interés que habrían de pagar por el importe recibido como por la exigencia de devolución en cinco años, y la espada de Damocles de que, de no cumplirlo, el crédito se convierta en cédulas participativas con derechos políticos, lo que indefectiblemente supone una degeneración de la naturaleza fundacional distintiva de las cajas de ahorros. Es una actitud valiente, pero los responsables de cada entidad deben sopesar las posibilidades de salir airosos de esta actitud contraria a los deseos de las autoridades políticas y sobre todo del Banco de España. El segundo punto tratado en la Moncloa fue la modificación de la legislación con dos objetivos. Primero, reducir la influencia de las instancias políticas sobre estas entidades crediticias. Objetivo difícil de cumplir, sobre todo en el caso de aquellas que fueron fundadas por organismos públicos. No es un problema legal, sino ético, que en el ejercicio de sus derechos estos organismos apliquen criterios de profesionalidad, de comunión con los objetivos sociales y de probidad en la elección de las personas que habrán de ejercer su gobierno. En cualquier caso, bienvenida sea la intención.

El segundo punto es permitir que las cédulas participativas tengan derechos políticos y sus tenedores participen en la toma de decisiones estratégicas. Entre otros efectos, así se abre la puerta a que haya fusiones encubiertas entre cajas de ahorros sin que en el proceso las autoridades autonómicas puedan poner muchos palos en las ruedas.

Es evidente que el punto débil de muchas cajas es su reducido coeficiente de recursos propios. Las cédulas participativas son una vía para resolver este problema, pero tienen un coste. No solo por la remuneración que, lógicamente, requerirán, sino por la mutación que introducen en los principios que eran la esencia de las cajas, si bien hay que reconocer que en los últimos lustros en algunas de ellas sus responsables no los habían respetado con suficiente escrupulosidad. Se han levantado voces que exigen poner límites a los importes que estas cédulas participativas pueden alcanzar para evitar que sus tenedores puedan tener mayoría en las votaciones de los órganos de gobierno. Es solo un parche, porque la composición variopinta de estos órganos permite su control sin tener la mayoría absoluta.

El nuevo presidente de su confederación aseguró que trabajará para que cada una de las cajas pueda optar por la solución que más le convenga. Para eso sería conveniente que el Banco de España fuera más comprensivo con las entidades que desean respetar a rajatabla el espíritu de sus fundadores y les permitiera, siempre que se cumplieran determinadas condiciones, acceder a ayudas públicas para superar algún problema puntual de liquidez. En resumen, es posible que en el futuro veamos que el importante sector de las cajas se convierte en un mosaico cuyas piezas muestran muy distintas configuraciones de los órganos de gobierno y de distribución de la renta organizativa, el excedente, que con sus operaciones puedan generar. Quizá así se reconocería legalmente lo que ya es una realidad.

*Presidente de Tribuna Barcelona.